El magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama, instructor del caso Plus Ultra o caso Zapatero, desoyó el pasado viernes la petición de la Fiscalía Anticorrupción de imputar por un delito de malversación de caudales públicos al ex presidente del Gobierno y ex secretario general del PSOE José Luis Rodríguez Zapatero por las joyas millonarias halladas en la caja fuerte de su oficina de la calle Ferraz (Madrid).
Por elmundo.es
En un auto, el juez argumentó que la interpretación realizada por Anticorrupción sobre la malversación era «una construcción interpretativa elaborada ex post, ya que al tiempo de los hechos ninguna disposición legal imponía que los regalos recibidos por altos cargos quedasen automáticamente incorporados al patrimonio de la Administración».
Calama profundizó en que no fue hasta la publicación de la Ley 19/2013, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno cuando se estableció expresamente que los altos cargos no podrán aceptar regalos que excedan de los usos sociales o de cortesía y que aquellos obsequios de relevancia institucional deben incorporarse al patrimonio de la Administración correspondiente.
No obstante, el juez ha dejado claro -lo hizo en el auto en el que rechazó cursar una comisión rogatoria a Arabia Saudí- que duda de la versión dada por la defensa de Zapatero sobre el origen de los juegos de esmeraldas, brillantes y zafiros hallados por la Udef.
Sin embargo, la decisión del instructor ha generado malestar en Anticorrupción. El Ministerio Fiscal discrepa profundamente de la decisión de Calama y estudia la posibilidad de recurrirla ante la Sala de lo Penal. Asimismo, fuentes fiscales puntualizan que, pese a la negativa del juez a atribuirle el desvío de fondos públicos a Zapatero, ellos tienen las manos libres para incluir este tipo delictivo en su escrito de acusación de cara al juicio oral.
En este sentido, en Anticorrupción califican de innecesario que tuviera que haber una ley específica para que el ex presidente Zapatero depositara esas joyas -si realmente fueron un regalo que recibió en el Palacio de La Moncloa por el rey saudí Abdullah Bin Abdulaziz en 2007- en Patrimonio Nacional. Zapatero sí entregó a este organismo, en marzo de 2012, otro valioso regalo del mismo monarca; en concreto, un reloj de sobremesa dorado con esmeraldas.
Lo cierto es que a lo largo de la instrucción de esta causa de corrupción las diferencias de criterio entre juez y fiscal han aflorado en otros momentos, según ha podido saber EL MUNDO.
También hubo roces por el móvil y por el registro de la vivienda
La primera fricción surgió antes de la operación policial llevada a cabo por la Udef el pasado 19 de mayo. En una conversación previa a la preparación del dispositivo policial, la fiscal Anticorrupción Elena Lorente transmitió a Calama la necesidad de registrar la vivienda en la que reside el ex presidente Zapatero en la localidad madrileña de Las Rozas, pero el instructor respondió que no iba a hacerlo.
Lorente quería tanto registrar la casa de Zapatero como incautarse del teléfono móvil del imputado por ser el presunto líder de la organización criminal investigada, pero la negativa del juez, al inicio del procedimiento en la Audiencia Nacional, llevó a la Fiscalía a no querer confrontar con el instructor e informar finalmente en contra del registro en la vivienda -aunque previamente y de forma verbal había transmitido a Calama que era favorable a ese registro-. Sin embargo, ante la certeza de que el instructor no iba a atender a la petición policial de registrar la vivienda de Zapatero, Anticorrupción puso por escrito que se oponía a la diligencia solicitada por la Udef.
La Fiscalía no quiso hacer ruido con el asunto, aunque en Anticorrupción creían y creen que fue un grave error no haber accedido a la vivienda del ex presidente y no haberse aprehendido de su teléfono móvil.
Estos hechos ocurrieron, además, en un momento en el que la Fiscalía General que encabeza Teresa Peramato estaba tratando de ejercer un férreo control sobre las decisiones del departamento que encabeza el fiscal de Sala Alejandro Luzón ante la ebullición de casos de corrupción que afectaban al Gobierno y al PSOE. La causa contra Zapatero era, quizá, la más incómoda de todas para Moncloa.
La negativa a retirarle el pasaporte causó otro desencuentro
Tras este primer desencuentro, llegó el segundo con la negativa de Calama a retirar el pasaporte a Zapatero después de haberle tomado declaración como investigado por el rescate de la compañía Plus Ultra. La fiscal Lorente solicitó esta medida cautelar al término del interrogatorio en la Audiencia Nacional del ex presidente del Gobierno el pasado 17 de junio, pero el juez rechazó la petición al no apreciar riesgo real de fuga.
Esta decisión fue también incomprensible a los ojos de Anticorrupción, al estar siendo investigado Zapatero en la pieza principal por su papel de liderazgo de una red internacional dedicada al tráfico de influencias a gran escala. Para el Ministerio Público mantenerlo con libertad de movimientos sólo pone en riesgo el resultado de las pesquisas.
Fuentes fiscales consultadas por este periódico indican que Zapatero no es aforado y lamentan que, sin embargo, el juez le esté otorgando un trato diferencial como si lo fuese.
En contraposición, fuentes jurídicas resaltan que nunca antes se había imputado a un ex presidente del Gobierno, por lo que atribuyen cierta lógica a que el juez Calama haya decidido ir con pies de plomo en esta instrucción.