La decana del Colegio de Registradores, Rosario Jiménez Rubio, publicó hace unos días en este periódico un artículo titulado ‘Los tribunales piden una norma, el Gobierno la dicta’ en el que intenta justificar lo injustificable: la modificación del arancel registral promovida desde el Corpme por el Gobierno. Sus explicaciones, lejos de tranquilizar a los ciudadanos, suscitan una profunda preocupación por lo que revelan sobre el funcionamiento de un servicio público que se presta en régimen de monopolio territorial y cuyos costes soportan obligatoriamente millones de españoles. Como abogado y usuario de los registros, considero necesario denunciar tres cuestiones que el artículo de la decana pretende justificar o, sencillamente, disfrazar. En primer lugar, los tribunales no han pedido aumentar los aranceles:… Ver Más