Para Acceso a la Justicia, la publicación del baremo por parte del Comité de Postulaciones Judiciales (CPJ) el pasado 2 de noviembre de 2026 constituye un avance en materia de transparencia, al permitir conocer los criterios y las puntuaciones que utilizará para la evaluación de los aspirantes a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Sin embargo, su diseño técnico presenta deficiencias metodológicas y normativas respecto de los requisitos establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) y la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (LOTSJ), que podrían afectar la objetividad y el equilibrio al ponderar los méritos y las credenciales de los candidatos y, por ende, comprometer la selección de autoridades judiciales idóneas e independientes.
Requisitos mínimos convertidos en máximos puntajes
El baremo aprobado por el CPJ tiene un máximo de 100 puntos, y los asigna por años de experiencia sin garantizar previamente el cumplimiento de los requisitos mínimos de elegibilidad establecidos en el artículo 263 de la Constitución. Los 15 años de ejercicio profesional de la abogacía, docencia universitaria en ciencias jurídicas o carrera judicial constituyen un mínimo indispensable para acceder al cargo de magistrado del TSJ, no un máximo de experiencia que deba valorarse.
Si bien es válido asignar puntos a los 15 años de experiencia exigidos constitucionalmente, estos deberían constituir el punto de partida de la evaluación, una vez verificado su cumplimiento, y no ser el límite máximo de puntuación. La experiencia adicional podría reconocerse con una mayor calificación, sin embargo, al otorgar puntos desde el primer año y establecer un máximo al alcanzar los 15, el baremo transforma un requisito mínimo de elegibilidad en un techo de puntuación.
Esta forma de evaluación genera una distorsión importante: un aspirante que no cumpla con los 15 años exigidos por la Constitución podría obtener puntos por una experiencia insuficiente y compensar esa carencia con otros renglones del baremo, incluida la entrevista, que tiene un valor de hasta 15 puntos. De esta manera, alcanzaría una calificación elevada e incluso resultaría seleccionado sin reunir los requisitos constitucionales para ejercer el cargo.
Esta deficiencia se refleja al examinar las tres vías de acceso al cargo de magistrado.
En el ámbito de la trayectoria profesional, aunque el baremo contempla los 15 años de ejercicio exigidos por la Constitución, los utiliza como límite máximo de puntuación: asigna 0,8 puntos por cada año de experiencia, hasta alcanzar 12 puntos al cumplir los 15 años. Así, no distingue entre la antigüedad mínima indispensable para postularse y la valoración de la experiencia profesional como mérito. Además, no reconoce una mayor puntuación a quienes superen los 15 años de ejercicio, pese a contar con una trayectoria más extensa.
Una distorsión similar ocurre en la experiencia docente y académica, pues el baremo tampoco distingue claramente entre los 15 años de docencia universitaria en ciencias jurídicas, exigidos como requisito mínimo, y la experiencia adicional que podría valorarse como mérito. A ello se suma la necesidad de verificar la condición de profesor titular, también prevista en la Constitución, que en el baremo no se exige.
Aunque mediante la sentencia n.º 1.562 del 20 de diciembre de 2000 la Sala Constitucional interpretó que dicha condición no exige haber alcanzado el máximo escalafón académico universitario, sino contar con un nombramiento ordinario o definitivo, para Acceso a la Justicia esta interpretación flexibilizó una exigencia constitucional destinada a garantizar una elevada trayectoria académica, sin establecer condiciones excepcionales que justificaran apartarse de su sentido original.
En cuanto a la experiencia jurisdiccional, el baremo parece equiparar la permanencia o acumulación de antigüedad en el sistema de justicia con el cumplimiento de los requisitos constitucionales de ser o haber sido juez superior en la especialidad correspondiente a la Sala para la cual se postula, contar con un mínimo de 15 años de carrera judicial y tener reconocido prestigio en el desempeño de sus funciones. Sin embargo, la antigüedad en el sistema judicial no equivale necesariamente al ejercicio de una verdadera carrera judicial, ni sustituye las demás condiciones exigidas por la Constitución.
Para Acceso a la Justicia, es indispensable corregir esta distorsión, diferenciando claramente los requisitos constitucionales de elegibilidad de los méritos adicionales que pueden ser objeto de puntuación. Los 15 años exigidos para cualquiera de las tres vías de acceso deben verificarse como condición previa para evaluar a los aspirantes. Aunque es válido asignarles una puntuación base, esta no debería constituir el máximo posible, sino permitir reconocer la experiencia que exceda ese mínimo.
Asimismo, los demás requisitos constitucionales, como la condición de profesor titular, la carrera judicial y el reconocido prestigio, deben ser verificados y no pueden sustituirse mediante la acumulación de puntos en otros renglones. Ninguna calificación, por elevada que sea, debería permitir que un aspirante que no cumpla los requisitos del artículo 263 de la Constitución resulte elegido magistrado del TSJ.
Omisiones y desequilibrios en los perfiles
El instrumento propuesto por el CPJ para examinar la idoneidad de los postulantes también evidencia omisiones o desequilibrios significativos en sus tres perfiles constitucionales.
Respecto de la trayectoria profesional, limita la valoración de la experiencia a un abanico muy cerrado de actividades que no reflejan la diversidad del ejercicio independiente de la abogacía, como el litigio nacional especializado, la asesoría jurídica o la elaboración de dictámenes. En contraste, otorga méritos a asuntos que pueden estar relacionados con funciones estatales y a oportunidades que podrían depender de la cercanía con el poder político, tales como la representación judicial de la República ante tribunales extranjeros o la redacción de proyectos de ley.
En cuanto a la experiencia docente y académica, el baremo atribuye una alta valoración (hasta 5 puntos) al desempeño en cargos de dirección —rector, vicerrector, secretario, decano o director— y de cogobierno en consejos universitario, de facultad o de escuela. Esto podría ir en detrimento del reconocimiento y la óptima ponderación de profesores con una trayectoria destacada en las aulas y en la investigación, pero que no han ocupado tales puestos de gestión o de poder dentro de las casas de estudio.
En el perfil jurisdiccional, por su parte, no se toma en cuenta la exigencia de la Constitución que, en su artículo 255, establece que para garantizar la idoneidad y excelencia de los jueces el ingreso y ascenso en la carrera judicial deben realizarse mediante concursos de oposición públicos, los cuales, por cierto, no tienen lugar en Venezuela desde el año 2003. Adicionalmente, la herramienta carece de indicadores específicos para constatar el reconocido prestigio (artículo 263 constitucional), así como para evaluar la calidad del desempeño jurisdiccional, la independencia, imparcialidad, integridad o el respeto al debido proceso.
Para Acceso a la Justicia, estas omisiones y desequilibrios revelan que el baremo pareciera beneficiar a aspirantes que han tenido acceso a determinados cargos o espacios vinculados con el poder estatal por encima del ejercicio independiente, la capacidad real y el mérito. Frente a ello, se hace prioritario enmendar estas distorsiones, a fin de procurar una elección de autoridades judiciales verdaderamente objetiva y equilibrada.
Reconocida competencia: más que una acumulación de credenciales
A diferencia de las tres vías de acceso previstas en la Constitución —profesional, docente y jurisdiccional—, cuyo puntaje máximo es de 19 puntos cada una, la formación académica y producción intelectual constituye el renglón de mayor valoración en el baremo, con hasta 28 puntos.
Este componente debe examinarse a la luz del artículo 37.8 de la LOTSJ, que exige a todos los aspirantes contar con un título universitario de especialización, maestría o doctorado en ciencias jurídicas. Aunque en el caso del docente, si se mantiene el requisito de su titularidad debería tener mínimo un máster.
Si bien es válido asignar puntos a estos estudios, el baremo debería distinguir entre el título de posgrado exigido como requisito mínimo de elegibilidad y los méritos académicos adicionales que pueden recibir una mayor puntuación. De lo contrario, se corre el riesgo de convertir nuevamente un requisito obligatorio en un criterio de puntuación que permita compensar su incumplimiento mediante puntos obtenidos en otros renglones.
Por otra parte, aunque los artículos 37.2 de la LOTSJ y 263 de la Constitución exigen la condición de jurista de reconocida competencia, la acumulación de títulos académicos y publicaciones no demuestra por sí sola la idoneidad del aspirante. En este sentido, el baremo plantea interrogantes sobre cómo se evaluarán la calidad, pertinencia y contribución de la formación académica y la producción intelectual, pues la ausencia de parámetros específicos podría favorecer una valoración principalmente cuantitativa, sin considerar lo suficiente su relación con la especialidad de la Sala a la que se aspira.
Asimismo, este enfoque podría desconocer la diversidad de trayectorias jurídicas, al otorgar un peso desproporcionado a determinadas credenciales académicas frente a otros aportes relevantes al desarrollo del derecho, como el ejercicio profesional especializado, la investigación aplicada o las contribuciones jurisprudenciales.
Para Acceso a la Justicia, es indispensable diferenciar los requisitos mínimos de elegibilidad de los méritos académicos adicionales, de modo que el cumplimiento de aquellos sea verificado previamente y no pueda sustituirse por la acumulación de puntos. Asimismo, deben establecerse criterios objetivos y transparentes para valorar la reconocida competencia, considerando la pertinencia y profundidad de los estudios, la especialización jurídica, la calidad y el impacto de la producción intelectual y las contribuciones a la disciplina, en función de la Sala del TSJ a la que se postula. La idoneidad para ejercer la magistratura no puede reducirse a la suma de acreditaciones formales.
Independencia y honorabilidad: discrecionalidad, opacidad y riesgos en la verificación
La última categoría contemplada en el baremo para el proceso de selección de magistrados es la entrevista, a la cual se le otorgan hasta 15 puntos, equivalentes al 15 % de la calificación total. En este apartado se miden los conocimientos, el criterio y la capacidad argumentativa del candidato en torno al sistema de justicia. Asimismo, se pondera su independencia, reconocida honorabilidad e integridad, todos ellos pilares fundamentales exigidos en los artículos 256 y 263 de la Constitución, y 37 de la LOTSJ. Sin embargo, el problema fundamental de este componente radica en que la herramienta no define indicadores específicos ni escalas de puntuación para evaluar dichas cualidades. Al prescindir de criterios objetivos, la asignación de este porcentaje queda expuesta a valoraciones subjetivas o discrecionales por parte de los examinadores.
A ello se suman las declaraciones del 3 de noviembre de 2026 de María Luisa Chacón, integrante del CPJ por la sociedad civil, quien afirmó que se examinarán la salud mental, los antecedentes personales y la reputación digital de los aspirantes, cuyos datos podrían cruzarse con los del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, el Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas y el Ministerio Público, para verificar, por ejemplo, si el candidato tiene doble nacionalidad o antecedentes penales. Esta consulta por parte del CPJ a otros órganos o entes públicos o privados está amparada en el artículo 72 de la LOTSJ.
Sobre la pretendida revisión de la salud mental y de la reputación digital, se observa que carece de reglas claras: la primera no puede servir para equiparar automáticamente un diagnóstico psicológico con la falta de capacidad para ejercer la magistratura, mientras que la segunda abre el riesgo de descalificar arbitrariamente opiniones críticas, trayectorias profesionales independientes o actividades legítimas de defensa de derechos humanos.
Además, para Acceso a la Justicia es indispensable verificar de manera rigurosa la honorabilidad de los candidatos y evitar que accedan a la magistratura personas responsables de graves violaciones de derechos humanos por cometer conductas como las señaladas en informes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Esta exigencia no debe limitarse a comprobar la ausencia de antecedentes penales.
De acuerdo con los estándares de la ONU sobre la verificación de antecedentes en materia de derechos humanos, la falta de una condena penal firme no impide necesariamente valorar hechos documentados para determinar la idoneidad e integridad de un aspirante, siempre que se garantice una evaluación individualizada y el debido proceso.
Frente a estas deficiencias, para Acceso a la Justicia resulta perentorio establecer criterios públicos, objetivos y verificables para acreditar la honorabilidad, la integridad y la independencia de los aspirantes. Asimismo, es necesario publicar una rúbrica detallada para la entrevista, identificar a los evaluadores y garantizar que los mecanismos de verificación de antecedentes provengan de fuentes confiables, puedan ser contrastados y estén sujetos al control de legalidad.
Conclusiones: cuatro exigencias para una selección objetiva e independiente
Para Acceso a la Justicia, la publicación del baremo constituye un avance en materia de transparencia, pero su diseño requiere ajustes para garantizar una evaluación objetiva, equilibrada y conforme con la Constitución. En particular, considera indispensable:
1 Garantizar el cumplimiento previo de los requisitos constitucionales y legales de elegibilidad, sin permitir que su incumplimiento sea compensado mediante puntos obtenidos en otros renglones. La experiencia mínima exigida puede recibir puntuación, pero no debería constituir el máximo de valoración.
2 Corregir los desequilibrios entre las tres vías de acceso a la magistratura, reconociendo de manera equitativa las trayectorias profesionales, docentes y jurisdiccionales, sin privilegiar determinadas funciones estatales o institucionales frente al ejercicio independiente.
3 Establecer criterios objetivos para verificar la reconocida competencia, la honorabilidad y la independencia, que permitan valorar la calidad de las trayectorias e identificar conductas incompatibles con la función judicial, sin dar lugar a exclusiones arbitrarias.
4 Reducir la discrecionalidad de las evaluaciones, especialmente en la entrevista, mediante una rúbrica pública, indicadores específicos, criterios comparables, identificación de evaluadores y publicación de las calificaciones individualizadas y sus fundamentos.
La aplicación de estas medidas permitiría fortalecer la transparencia del proceso y contribuir a que la elección de magistrados responda a criterios de mérito, idoneidad e independencia, y no únicamente a la acumulación de puntos.
Y a ti, venezolano, ¿cómo te afecta?
La elección de magistrados del TSJ no debe reducirse a una sumatoria de puntos por títulos, años de servicio o cargos desempeñados; debe contemplar una valoración cualitativa mucho más amplia e integral, ya que de ello depende poder contar con jueces competentes, honorables e independientes, capaces de garantizar el control del ejercicio del poder, el respeto a los derechos humanos y el cumplimiento de la Constitución.
Aunque para Acceso a la Justicia la elaboración de un baremo y su posterior publicación representan un avance en materia de transparencia, considera que este requiere ajustes y criterios complementarios que aseguren una evaluación objetiva, equilibrada y verificable. La independencia judicial no comienza con el nombramiento; debe estar respaldada por la trayectoria, la integridad y la actuación previa de quienes aspiran a ejercer la magistratura.
En definitiva, el éxito de este proceso no debería juzgarse únicamente por el cumplimiento de sus etapas formales, sino por su efectividad en la selección de magistrados que realmente reúnan las condiciones constitucionales y legales necesarias para contribuir a la recuperación de la independencia judicial y del Estado de derecho en Venezuela.