
La Cámara Minera de Venezuela (Camiven) advirtió que la Ley Orgánica de Minas, publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 7.020 del 16 de abril de 2026, “mantiene amplias lagunas de discrecionalidad administrativa”, y presentó una propuesta de reglamento para corregirlas con reglas “específicas, claras y de aplicación general”.
Por lapatilla.com
El planteamiento figura en el documento Minería Industrial en Venezuela: Requisitos de Viabilidad y Propuestas Reglamentarias, fechado en noviembre de 2026, que el gremio puso “a disposición de los actores institucionales y privados” como base de discusión. Según la cámara, la viabilidad de los proyectos “dependerá de la competitividad internacional del marco reglamentario”.
En materia de titularidad, Camiven pidió un catastro minero digital, georreferenciado y de libre acceso público en tiempo real, para evitar la superposición de derechos, y un trámite unificado que “no exceda de 90 días hábiles desde la presentación de la solicitud”. Propuso, además, que la concesión sea “el título jurídico único para empresas privadas, estatales y mixtas” en la minería industrial y mediana, “reservando las licencias exclusivamente para la pequeña minería”, con una duración de 30 años (20 iniciales y 10 de prórroga) y con la categoría de minerales estratégicos limitada al uranio y al torio. Ante el silencio o el retardo injustificado de la administración, planteó sancionar a los funcionarios y prohibir que el área se otorgue a terceros durante al menos dos años.
A ello se suma el apartado fiscal. En un cuadro anexo, el gremio señaló que los artículos 91 y 95 de la ley abren el riesgo de una “carga acumulada discrecional o sumatoria excesiva de tributos” y planteó una escala progresiva en la que la regalía y el impuesto minero juntos no superen el 4% a precios corrientes. También pidió libre exportación “condicionada únicamente al pago de impuestos”, tasas de comercialización “estrictamente nominales (0.1%)” y un tope de 0,5% del valor de producción para los aportes sociales comunitarios que la ley denomina ventajas especiales.
Sobre el oro, el documento cuestionó el derecho preferente de compra que el artículo 37 otorga al Banco Central de Venezuela (BCV), porque a su juicio puede derivar en una “venta obligatoria con descuento o liquidez restringida”. Por eso, la cámara sugirió convertirlo en un derecho de tanteo, en el que el BCV iguale la oferta internacional en precio, divisa y plazo, y excluir las ventas sujetas a acuerdos de financiamiento o de streaming, un esquema en el que un financista adelanta capital a cambio de parte de la producción futura.
En el terreno institucional, Camiven propuso que los ingresos por multas e infracciones “sean destinados en su totalidad a la Tesorería Nacional”, con el fin de erradicar “el conflicto de interés que incentivaría el afán recaudatorio en el ente regulador”. Ese ente es la Superintendencia de la Actividad Minera, cuya creación anunció Delcy Rodríguez el 17 de abril. En lo ambiental, el gremio pidió evitar la duplicidad de revisiones entre el Ministerio de Minas y el Minec, “restringir la prohibición de uso exclusivamente al mercurio” y aprobar el cianuro en circuito cerrado bajo el Código Internacional de Manejo del Cianuro. Asimismo, solicitó que la caída de precios se reconozca como causal de suspensión temporal sin riesgo de caducidad.
La propuesta llegó siete meses después de la entrada en vigor de la norma, que también recibió críticas de organizaciones como Grupo Orinoco por su impacto en los derechos indígenas y los estándares ambientales. En mayo, la misma cámara había alertado que la operatividad del sector cayó por debajo del 20%.
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