Venezuela se encuentra ante una oportunidad decisiva para reconstruir su democracia después de más de dos décadas de deterioro institucional. Su trascendencia supera nuestras fronteras: la recuperación de las libertades también puede contribuir a la estabilidad internacional.
La reciente declaración de los cancilleres del G7, junto con la Alta Representante de la Unión Europea, constituye una señal de especial importancia. Su respaldo al proceso de reconciliación, el reconocimiento de avances y su llamado a restablecer las instituciones, celebrar elecciones libres y liberar a los presos políticos confirman que el futuro democrático de Venezuela es también un asunto de interés internacional.
A ese respaldo se suma Estados Unidos, cuyo secretario de Estado, Marco Rubio, ha planteado una estrategia de estabilización, recuperación económica y reconciliación política, y transición democrática. La estabilización debe crear condiciones para reconstruir las instituciones y recuperar la confianza; debe servir a la democracia, no convertirse en una alternativa a ella.
¿Por qué importa Venezuela más allá de sus fronteras? Su ubicación geográfica, sus recursos energéticos y sus vínculos continentales hacen que su estabilidad tenga consecuencias para la seguridad regional y la economía internacional.
El debilitamiento institucional abre espacios a organizaciones criminales y economías ilícitas que desbordan las fronteras. Un Estado de derecho, con justicia independiente y controles efectivos, puede reducir esos espacios, fortalecer la cooperación entre países y recuperar la confianza necesaria para enfrentar amenazas compartidas. La democracia no garantiza por sí sola la seguridad, pero proporciona instituciones responsables ante los ciudadanos para sostenerla.
En el ámbito energético, la seguridad jurídica, la transparencia y las inversiones productivas pueden favorecer la recuperación de la industria venezolana y contribuir, progresivamente, a una oferta internacional más estable y diversificada. El desafío no consiste solamente en aumentar la producción, sino en transformar nuestros recursos en bienestar nacional y en una contribución confiable a la economía mundial.
Allí convergen dos aspiraciones legítimas: los venezolanos queremos libertad, seguridad y prosperidad; la comunidad internacional tiene interés en una Venezuela estable, democrática y capaz de cooperar en materia de seguridad y energía. Esa coincidencia no supone que otros decidan por nosotros. Por el contrario, exige recuperar el ejercicio efectivo de nuestra soberanía popular.
Durante años, el socialismo del siglo XXI invocó una concepción de soberanía que sirvió para justificar el aislamiento y presentar las exigencias de respeto a los derechos humanos como intromisiones extranjeras. Pero la soberanía encuentra su fundamento en la voluntad de los ciudadanos y en su derecho a decidir libremente su destino.
La experiencia de España, Chile, Polonia y Sudáfrica demuestra, con diferencias importantes entre sus procesos, que las transiciones exigen acuerdos y visión estratégica. Su propósito no puede agotarse en un cambio de gobierno: debe incluir instituciones capaces de garantizar la convivencia democrática y limitar el ejercicio arbitrario del poder, incluso frente a futuras mayorías.
La soberanía no se debilita cuando un pueblo recibe acompañamiento para recuperar sus libertades; se debilita cuando sus ciudadanos pierden la capacidad de ejercerlas.
El Estado de derecho es la infraestructura invisible del desarrollo. Sin instituciones confiables, la riqueza puede convertirse en privilegio y el poder en arbitrariedad. Con ellas, la iniciativa privada y los recursos nacionales pueden generar bienestar colectivo. El desafío es impulsar un modelo que permita armonizar libertad económica, justicia social y derechos humanos.
Desde nuestra responsabilidad en la delegación de la Asamblea Nacional electa en 2015, asumimos el diálogo como instrumento para alcanzar objetivos superiores, no como un fin en sí mismo. La responsabilidad histórica de los actores políticos exige superar diferencias y construir acuerdos sin comprometer las garantías democráticas del futuro.
Los primeros cien días de conversaciones permiten identificar pasos institucionales: la reforma legal vinculada a la renovación del Tribunal Supremo de Justicia, la conformación del Comité de Postulaciones y el proceso de selección de magistrados. Su verdadero valor dependerá del cumplimiento verificable del cronograma y de la independencia de las instituciones resultantes.
En libertad de expresión, el levantamiento de restricciones a portales informativos, la recuperación del acceso a medios digitales y las iniciativas de seguimiento muestran posibilidades concretas de restitución de derechos. Persisten, sin embargo, restricciones que exigen soluciones efectivas y sostenibles.
El cuarto ciclo de conversaciones abre la discusión sobre la transformación del sistema electoral. La renovación del árbitro, las garantías de participación y las condiciones para elecciones libres deben traducirse en acuerdos y plazos verificables. Abrir esa discusión no equivale todavía a disponer de un calendario electoral definitivo, pero si es un avance para lograrlo.
Estos pasos no significan que la transición haya concluido. Siguen siendo indispensables la consolidación de la independencia judicial, la restitución de los derechos políticos y la liberación de todos los presos políticos. Cada derecho recuperado representa un avance, pero la reconciliación seguirá teniendo deudas mientras persistan las injusticias. La medida del proceso será el cumplimiento de sus compromisos, no las expectativas que despierte.
Nuestra aspiración trasciende una mesa de negociación. Necesitamos una democracia capaz de sobrevivir a los gobiernos, a las mayorías circunstanciales y a las ambiciones de sus dirigentes; un sistema donde las diferencias se resuelvan mediante instituciones y no mediante la confrontación permanente.
Venezuela puede transformar una crisis prolongada en el comienzo de una nueva etapa. El respaldo internacional fortalece esa oportunidad, pero corresponde a los venezolanos convertirla en resultados sostenibles. Una Venezuela democrática, con soberanía popular efectiva e instituciones confiables, podrá contribuir a la seguridad regional, la estabilidad energética y el desarrollo internacional. Los intereses del mundo democrático y las aspiraciones republicanas de los venezolanos encuentran hoy un importante punto de convergencia.
Sin libertad real, la soberanía se convierte en una palabra vacía. Y sin instituciones democráticas, la prosperidad termina siendo una promesa que nunca llega.
La transición se mide con hechos, no con demagogia.
Avanzamos sin conformismos.