La ONU ha establecido que existen elementos de «genocidio intencional» en la operación militar efectuada hace un año en el estado birmano de Rakáin (oeste) contra la minoría rohingyá, y que los responsables de las Fuerzas Armadas deben ser investigados y juzgados por un tribunal internacional, además de criticar a la líder de facto de Birmania, Aung San Suu Kyi, de pasividad.
«Los crímenes cometidos en el estado de Rakáin, y la manera en la que fueron perpetrados son similares en su naturaleza, gravedad y alcance a aquellos que han permitido establecer un genocidio intencional en otros contextos», ha señalado en un informe la Misión Internacional de Investigación de la ONU.
Los factores que apuntan a esta intencionalidad incluyen, a juicio de la Misión de Naciones Unidas, el «contexto opresivo más amplio y la retórica del odio» contra la minoría musulmana rohingyá, así como «declaraciones específicas» de mandos y autores directos.
El máximo responsable de las Fuerzas Armadas o «Tatmadaw», el general Min Aung Hlaing, dijo durante la fase más intensa de la ofensiva militar contra los rohingyás hace un año en Rakáin que el problema de esa minoría étnica se había convertido «en un trabajo sin terminar» y que su Gobierno tomaba mucho interés en «resolverlo».
También señala la Misión como elementos que pueden equivaler a un genocidio intencional las políticas excluyentes hacia los rohingyás para, entre otras cosas, «alterar la composición demográfica del estado de Rakáin»; el nivel de organización de la operación militar en agosto del año pasado, que apunta a «un plan para la destrucción», y el «alcance extremo de la brutalidad de la violencia.»