Sebastiana Barráez
@SebastianaB
La presencia de casi un centenar de funcionarios de la Fuerza de Acciones Especiales (FAES), enviados a la frontera del Táchira, con la excusa de las amenazas de intervención, se han constituido en un dolor de cabeza para los propietarios de unidades de producción a lo largo y ancho del Sur del Lago, Norte del Táchira y en la línea fronteriza, pero también ha revelado el interés que existe por parte de algunos dirigentes bolivarianos de ocupar esas tierras.
El caso más ruidoso fue el de la finca La Unión, ubicada en el sector Km 93 entre Orope y La Fría en el estado Táchira; esa unidad de producción, que tiene 600 hectáreas, es propiedad de la familia Roa Rosales. Hasta la finca llegó una comisión en la cual estaba el director regional del Instituto Nacional de Tierras (INTI), Miguel Durant Ross, un cuestionado funcionario quien anteriormente, en tiempos de Vielma Mora, fue el coordinador regional de la Superintendencia Nacional de Silos Almacenes y Depósitos Agrícolas (SADA).
La Comisión llegó con unos 70 invasores y funcionarios de FAES en vehículos de lujo y varias motos. Detrás de ese grupo están: el alcalde del municipio García de Hevia, Willington Vivas Bayter, familiares de la ex esposa del alcalde, varios concejales, incluyendo José Gregorio Contreras, presidente de la Cámara municipal de García de Hevia; el concejal suplente Faisury Kotany de Orope; el concejal de Orope, William Contreras; el ex concejal Marcelo Delgado; la encargada municipal del CLAP Martha Gallo; un representante de la Federación Campesina que actúa como invasor profesional, Honorio Neiro Cáliz Gómez, entre otros.
Las camionetas con las cuales llegó el FAES con los invasores son vehículos de lujo, entre ellas una camioneta Tacoma negra, con la cual tumbaron el portón de entrada a La Unión. En un camión rojo llevaron palas, hachas, machetes, etc.
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