Culpable. Cuando uno no recurre el fallo de un juez y acepta la sentencia -en casos monetarios en la mayoría de las ocasiones, una multa-, es porque se considera culpable. Tal cual. Des la explicación que des. Y eso es precisamente lo que le ha pasado al actual ministro de Exteriores español, Josep Borrell, una noticia que «per se» parece haber pasado prácticamente desapercibida corriendo un tupido velo al haber acatado el castigo impuesto por el supervisor español. ¿De verdad que si uno dice «venga, va, cargo con la pena, pago la multa y nos olvidamos de lo que he hecho» está eximido de culpa? NO. Al decidir cumplir con la sentencia, y no recurrirla, admite que lo ha hecho. Y los hechos son muy graves como para «irse de rositas».
El caso es que el titular de Exteriores es el último de los ministros del presidente Pedro «Okupa» Sánchez que se ve envuelto en un escándalo. Hace poco más de una semana, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) confirmaba la resolución de un expediente contra Borrell por la venta de acciones de Abengoa por un valor de 9.030 euros cuando era consejero de la compañía cuando conocía por ello información no desvelada. Inmediatamente, el ministro negaba la mayor: no había utilizado información privilegiada cuando era consejero de la firma de energía e infraestructuras y afirmaba que iba a recurrir el expediente abierto contra él a finales de 2016 por la CNMV.
Pues bien, donde «dije digo, digo Diego». Esta misma semana, Borrell cambiaba radicalmente de opinión. Tenía dos opciones, aunque para mí, tres. Metido en faenas de gerencia de Estado como está, o aceptaba la sanción del supervisor presidido por Sebastián Albella o recurría ante el Ministerio de Economía, paso previo a ir a los tribunales. Y que un ministro recurra ante su propio Ejecutivo le ponía en una situación más que delicada. Así pues, a acatar la sanción por usar información privilegiada. Culpable, vamos. Lo que le convierte en el primer ministro sancionado por usar en su anterior puesto de directivo para lucrarse gracias a información interna de la compañía. ¿Y no pasa nada? La tercera opción, para mí, desde luego, era dimitir sí o sí.
Con sus explicaciones, además, me ratifico en mi sentencia. A preguntas del PP en la sesión de control, Borrell se refirió al caso como «la operación de venta de acciones de una cartera que me había sido encomendada» y admitió que «no fue adecuada por el momento y por la apariencia de ilegalidad». Si bien concedió que «fue un error que puede constituir solo una falta administrativa». En los pasillos del Congreso, a preguntas de los «dichosos» periodistas (¡lo que molestamos con nuestras impertinentes dudas! ¿verdad ministro?), se negó a detallar cuándo dio la orden de venta. «No voy a dar más información». La CNM
V fecha la operación en noviembre de 2015, y el día 25 de ese mes Abengoa anunció que iría a concurso. «Se trata de una operación sobre una cartera de valores que administraba un familiar» (por cierto, su exmujer), que representaba una parte «muy pequeña» de la cartera que él gestionaba en la compañía y que «desgraciadamente» luego perdió. «Si hubiera tenido información privilegiada, no la hubiera perdido». Ya. Pues eso, bla bla, bla bla, bla bla…
Si la CNMV ha dictado sentencia es porque efectivamente existe una infracción muy grave de la Ley del Mercado de Valores, en este caso de «insider trading», o lo que es lo mismo, negociar en el mercado de valores haciendo un uso indebido de información privilegiada, donde los iniciados (los que poseen la información privilegiada, habitualmente administradores de las sociedades cotizadas y que prestan servicios de inversión o de asesoría) son jugadores de ventaja que negocian sin asumir el riesgo del mercado.
En tal caso, si no cometió entonces «insider trading» como quiere hacernos creer, cabría la posibilidad de recurrir esta decisión con un recurso previo de alzada ante el ministro (ministra, en este caso) de Economía. «No me parece políticamente correcto», dijo Borrell, que además se negaba a pedir perdón a los accionistas de Abengoa que perdieron toda su inversión. «Es que yo también era accionista». Ah bueno, claro, mal de muchos… Esgrime que él mismo se comió sus acciones -que según la memoria de gobierno corporativo de la compañía en 2015 ascendían a 71.000, y que habían llegado a valer más de 300.000 euros- pero se hace el loco e ignora que los consejeros tienen que informar de estas operaciones.
En definitiva, el ministro se inmola -desde el punto de vista administrativo, porque paga la multa-, pero no paga la penitencia -desde el punto de vista político-. Dice un antiguo dicho español que «en el pecado lleva la penitencia», para designar una mala acción, que al cometerla lleva pareja cierta clase de sufrimiento para el que la ejecuta. Pues eso. Que sufra. Lo siento, pero tiene que dimitir. ¡Vaya con la honestidad en grado máximo que prometía el entonces jefe de la oposición al anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy, el Doctor «Okupa» Sánchez. !A prueba de bomba!