Las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, establecen a cargo de las autoridades, la obligación de “proteger a todos” los privados de libertad no pudiendo “invocarse ninguna circunstancia como justificación en contrario”.
El Código Orgánico Penitenciario de Venezuela, obliga al Estado a “resguardar, proteger, vigilar y asistir” a todo detenido lo cual debe cumplirse, “eficiente” y “eficazmente”.
Por eso consterna, que a raíz de la muerte del destacado miembro de este Colegio, concejal Fernando Albán, altos funcionarios del Estado, entre otros el Fiscal General de la República y el ministro de Relaciones Interiores, de Justicia y Paz, hayan expresado a los medios de comunicación, con el evidente propósito de minimizar responsabilidades de funcionarios del Gobierno.
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