La intención de voto manifestada este jueves en el Pleno del Congreso por los distintos portavoces parlamentarios
anticipa que será convalidado, en una posterior votación a media mañana
, el real decreto ley que faculta a las comunidades autónomas y los ayuntamientos a regular la actividad de los vehículos de alquiler con conductor (VTC).
La norma va a contar con los votos favorables del Grupo socialista (84 escaños), Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea (67), Compromís (4), Coalición Canaria (1), Nueva Canarias (1), ERC (9) y PDeCAT (8), que en total suman 174 apoyos. En contra del real decreto se han posicionado desde el estrado los portavoces del PP (134), Ciudadanos (32) y Foro Asturias (1), que suman 167 escaños, mientras que UPN (2) y PNV (5) se abstendrían.
De esta manera y a falta de la votación final, la Cámara Baja va a convalidar este real decreto, por el que se
modifica la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT)
en materia de VTC. Tras las peticiones de ERC y PdeCat, el real decreto ley sobre VTC podría incluir enmiendas y ser tramitado como proyecto de ley.
Defensa de Ábalos
El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha señalado en su defensa de la norma desde el estrado que el objetivo principal es «situar a las VTC en el ámbito competencial que deben estar», en referencia a las comunidades autónomas y los ayuntamientos.
Ábalos ha señalado que el Gobierno «no se ha quitado el problema de encima», y ha precisado que han situado esta actividad VTC «en el marco normativo que le corresponde, constitucional y administrativamente».
La norma ha incluido
un régimen transitorio de cuatro años
para que las administraciones autonómicas y locales adapten la legislación. Esta moratoria permitirá a los titulares de las autorizaciones de VTC existentes a la entrada en vigor de la norma o cuyas solicitudes estuvieran pendientes de resolverse seguir operando cuatro años más en el ámbito urbano como hasta ahora.
Tras ese período, las autorizaciones de VTC de ámbito estatal quedarán habilitadas únicamente para prestar servicios interurbanos. No obstante, el real decreto ley admite que, en determinados casos debidamente justificados, pueda ampliarse dicho plazo en dos años más para recuperar la inversión a las VTC que lo soliciten, si no pueden acceder a una segunda autorización en el ámbito urbano.