El proyecto de Presupuestos para 2019 pactado entre el PSOE y Unidos Podemos prevé modificar la factura eléctrica de forma que el coste a pagar por los consumidores por los primeros kilovatios hora (kWh) sea inferior a los siguientes, incentivando la eficiencia energética. Este es un mecanismo que ya utilizan otras empresas, como las del agua, cuyo precio tiene unos tramos en función de su consumo.
Asimismo, llevarán a cabo una reforma «profunda» del bono social eléctrico y la creación de un bono general, que incluirá el bono gasista, con el fin de permitir que «cualquier hogar pueda realizar un consumo mínimo de energía».
Estos bonos sociales energéticos serán de solicitud automática y la renta per cápita del hogar vulnerable será el único criterio de adjudicación, con la salvedad de que se pondrán incluir también criterios de dependencia, discapacidad y otras situaciones como familias monoparentales.
Además, se mantendrá que la financiación sea íntegramente cubierta por todas las empresas del sector, proporcionalmente a su volumen de facturación. Sin embargo, el viernes pasado, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, dijo tras el Consejo de Ministros que el nuevo bono social térmico (calefacción) sería financiado por el Estado.
Por otra parte, se realizarán los cambios normativos necesarios en relación con el funcionamiento del mercado eléctrico para acabar con la «sobrerretribución (conocida como «beneficios caídos del cielo») que reciben en el mercado mayorista determinadas tecnologías -hisráulicas y nucleares- que fueron instaladas en un marco regulatorio diferente, anterior a la liberalización, y han recuperado sobradamente sus costes de inversión».
El documento apunta a que «una posibilidad podría ser establecer un límite a lo que determinadas tecnologías pueden cobrar en el mercado eléctrico. La diferencia entre el precio del mercado y ese límite se considerará un ingreso del sistema eléctrico y será destinado, directamente, a abaratar la factura de la luz de todos los consumidores».
También se revisarán los pagos por capacidad, «de manera que se limiten a medidas condicionales, transitorias, sin distorsiones, de último recurso y de acuerdo con el cumplimiento de los objetivos de reducción del precio de la electricidad, excluyendo la posibilidad de incurrir en ayudas ilegales y conforme en todo momento a la normativa europea vigente en la materia».
PSOE y Unidos Podemos han pactado como medida para fomentar el autoconsumo eléctrico establecer reglamentariamente la retribución de la energía vertida a la red por las instalaciones de autoconsumo que deberá ser, como mínimo, igual al valor de mercado mayorista de electricidad. Además, deberán establecerse mecanismos simplificados de compensación de la energía exportada e importada de la red por las instalaciones de autoconsumo.
En lo que respecta a las renovables, aprobarán un plan de impulso a la repotenciación de las plantas existentes con el objetivo de recuperar «el atractivo de invertir» en ellas para enviar las señales adecuadas para el abaratamiento de costes de estas tecnologías, el cumplimiento de los objetivos internacionales, la seguridad de suministro y el impacto positivo que ejercen en el precio.
Para ello, también se modificarán los requisitos, reglas y convocatorias de las subastas de renovables, estableciendo como criterio fundamental el coste de generación de cada tecnología y posibilitando la participación de entidades locales, ciudadanas o cooperativas.