El Gobierno de Pedro Sánchez ha logardo lo imposible: poner de acuerdo a taxistas y propietarios de VTC. Ambas partes han criticado duramente el real decreto-ley que aprobó el Ejecutivo para dejar en manos de las comunidades autónomas las competencias sobre Uber y Cabify. De hecho, unos y otros han anunciado que estudian denunciar al Ejecutivo como respuesta a la norma.
Las empresas que operan a través de licencias de vehículos con conductor entienden que imponer una fecha de caducidad a estas autorizaciones -la norma contempla la posibilidad de que los ayuntamientos eliminen la mayoría dentro de un plazo que va de 4 a 6 años- es inconstitucional. De hecho, cifran en 3.800 millones de euros las compensaciones que tendrán que afrontar las comunidades autónomas si finalmente se hacen con estas competencias y deciden aplicarlas.
El sector del taxi tampoco ha quedado del todo satisfecho con la nueva normativa. Si bien el gremio hizo una primera valoración favorable al real-decreto ley, las dudas sobre el contenido de la norma no han tardado en aparecer. En un comunicado remitido ayer, la patronal del sector, Fedetaxi, señaló que estudia denunciar al Ministerio de Fomento ante la Comisión Europea por incluir como compensación la moratoria (el plazo señalado de 4 a 6 años) ofrecida a la administración teritorial para que aplique las restricciones a los VTC. Paradójicamente, este plazo temporal fue planteado por el Gobierno para evitar una avalancha de demandas.
La federación de taxistas se plantea que sea Bruselas quien valore si esta indemnización a las VTC, con tiempo en vez de con dinero, puede constituir una «ayuda de Estado prohibida» por el Tratado de la Unión Europea y, en consecuencia, anulada por las instituciones europeas.
Una norma en entredicho
Lo cierto es que la aprobación de la nueva norma no está asegurada, ya que tiene que pasar el filtro del Congreso. En principio, será apoyada por PSOE y Podemos y rechazada por PP y Ciudadanos. Pero todavía no está claro la posición que tomarán partidos como el PNV o el PDCat.
Fuentes del partido nacionalista vasco aseguran estar estudiando el contenido de la norma para tomar una posición definitiva. Sin embargo, desde el sector de las VTC deslizan que se están planteando rechazarla, sobre todo porque los pleitos millonarios con los que ha amenazado el sector iría contra las comunidades, no contra el Gobierno.
El PDCat sí se habían mostrado favorables al decreto-ley. Pero, a cambio, habían reclamado un incremento de los fondos para hacer frente a estos cambios normativos. Hay que tener en cuenta, además, que la relación entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y la Generalitat se ha deteriorado en las últimas horas.
Cartas de Uber
Mientras se plantea cómo se articulan las restricciones a las VTC, Uber continúa su expansión por España. La plataforma estadounidense ha aterrizado recientemente en ciudades como Sevilla y Córdoba y tiene previsto llegar a más regiones españolas. Sin embargo, antes de dar más pasos, la compañía ha remitido una serie de cartas a distintos ayuntamientos (entre los que se encuentran San Sebastián y Bilbao) para explicar su modelo de negocio.
«No es ningun secreto que estamos trabajando para llegar a nuevas ciudades en toda España. Pero queremos hacer las cosas bien. Es por ello que antes de empezar a trabajar en una ciudad nos reunimos con todas las admintraciones, para explicar en detalle nuestro modelo y ofrecer nuestra plena colaboración para trabajar de la mano de los agentes locales. Nuestro objetivo en todo el mundo es ser un socio a largo plazo de todas las ciudades en las que prestamos servicio», señala un portavoz de la empresa.