La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha llevado a los tribunales seis normas en 2018, lo que supone cuatro más respecto al año anterior y una cifra histórica. Según fuentes de la CNMC, este incremento de las impugnaciones se debe, en parte, a los «vaivenes que ha dado la regulación» por la irrupción de plataformas como Uber y Airbnb.
Y es que de, las seis impugnaciones, tres corresponden a normas relacionadas con viviendas turísticas –las restricciones aprobadas por Madrid, Bilbao y San Sebastián– y dos a leyes referentes a las VTC –la imposición del anterior Ejecutivo de mantener las autorizaciones dos años antes de venderlas y la exigencia de una segunda licencia para operar en Barcelona– . A ello se une una sexta relacionada con la apertura de centros comerciales.
Competencia asegura que opta inicialmente por la vía «no confrontacional», y solo si falla esta opción opta por acudir a los tribunales. «Son situaciones graves, en las que que no se aplican principios de necesidad o proporcionalidad», explican las mencionadas fuentes.
Especialmente cuestionada es la regulación, por parte de comunidades y ayuntamientos, de las viviendas turísticas. Competencia denuncia malas prácticas que van desde normas «excesivamente intrusivas», como la aprobada por Galicia, hasta leyes basadas en la existencia de «supuestas externalidades negativas, pero que no miden adecuadamente esas externalidades», como la impulsada por el Ayuntamiento de Madrid.
Impacto «limitado» en los precios de la vivienda
En este último grupo se enmarcan de hecho las iniciativas que han justificado las restricciones a las viviendas de uso turístico por su impacto en el mercado de la vivienda. Competencia publicó en verano un informe en el que señalaba que «no existe evidencia de una relación directa y exclusiva entre la oferta de viviendas turísticas y el precio de las viviendas». Ahora, el organismo matiza que sí aprecian el impacto de plataformas como Airbnb, pero reiteran que este es «limitado».
Esta consideración, sin embargo, no ha evitado que en los últimos meses distintas administraciones, como el Ayuntamiento de Palma de Mallorca, hayan impuesto nuevas restricciones a las viviendas de uso turístico. Por ello, es previsible que la cifra de impugnaciones se mantendrá al alza en los próximos meses.
En opinión del regulador, solo «debe intervenirse en el mercado cuando sea necesario para paliar un fallo de mercado que ponga en peligro una razón de imperioso interés general». Es por ello que Competencia considera «restricciones especialmente graves» medidas como limitar las estancias en los pisos turísticos, imponer una moratoria en la concesión de licencias y obligar a que este tipo de alojamientos estén ubicados en determinadas plantas de los edificios.
Además, la organización que dirige José María Marín Quemada opina que la opción de habilitar un registro, medida que baraja el Gobierno, es una «restricción grave» que «desincentiva» la actividad.
«Cambio radical»
No solo las sanciones han aumentado. Desde Competencia señalan que las inspecciones también han crecido con fuerza en 2018. Se trata de una nueva tendencia, aseguran estas fuentes, dentro del supervisor, que ha reforzado su labor sancionadora en los últimos meses. Un «cambio radical» impulsado también por los nuevos negocios que están aterrizando en España.