Más de 8.000 propietarios de VTC presentan reclamaciones contra el decreto anti-Uber del Gobierno

El decreto del Gobierno que deja en manos de las comunidades las competencias sobre las licencias de vehículos de alquiler con conductor se enfrenta a un aluvión de reclamaciones. Más de 8.000 propietarios han reclamado compensaciones por la norma. Y se espera que el 31 de diciembre, último día hábil para presentar alegaciones, las reclamaciones se eleven a 12.000.

La patronal del sector, Unauto VTC, ha recordado este miércoles que esta cifra representa casi la totalidad del parque. Una vez dado este paso, los propietarios de estas autorizaciones se plantean interponer recursos contenciosos-administrativos o, incluso, apelar al Tribunal Constuticional.

Se trata de una posibilidad que también es contemplada por el Ejecutivo, que se ha encargado de remarcar que el decreto está «blindado jurídicamente».

«Unauto trabajará para garantizar que el sector, que ha obtenido sus autorizaciones de forma legal y legítima, puede seguir operando con normalidad y ejercer sus derechos de forma plena», ha asegurado el presidente de la asociación, Eduardo Martín, en un comunicado.

La patronal ha recordado asimismo que, según sus cálculos, la «expropiación tácita de las autorizaciones» que impone la norma en un plazo de cuatro a seis años ascendería a 3.800 millones de euros. Un coste que deberá ser asumido, según el sector de las VTC, por las comunidades autónomas.

Precisamente esta característica de la norma propició que el decreto fuese convalidado como proyecto de ley por el congreso el pasado 25 de octubre, lo que en la práctica permite a los partidos políticos presentar enmiendas contra ella. Y es que los partidos nacionalistas quieren que se modifique el real decreto para que sea el Estado el que se haga cargo de las posibles indemnizaciones que genere.

Por el momento, el decreto establece que las regiones se harán con la competencia de estas licencias, con las que operan Uber y Cabify, en un plazo máximo de seis años. Una vez transcurrido ese periodo, las comunidades autónomas podrán retirar de las calles miles de autorizaciones.

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Author: Pablo Perez