El viernes pasado, una niña de 12 años llegó a un hospital de Jujuy, en el norte de Argentina, aquejada de un fuerte dolor abdominal. Los médicos detectaron que cursaba un embarazo de 24 semanas y la menor denunció que había sido violada por un vecino de 60 años que la amenazó con matarla si hablaba.
Apenas se hizo la primera ecografía, con la gestación muy avanzada: de 23,5 semanas, ella y su madre solicitaron por escrito que se le realizara un aborto, contemplado por la ley, pero los médicos la remitieron a otro hospital.
“Cualquier embarazo en una niña menor de 13 es producto de abuso sexual y puede acceder a una interrupción legal del embarazo“, dice el protocolo para la atención del embarazo en adolescentes del Gobierno de Jujuy y de la ONG Unicef.
En un principio los médicos se negaron a realizar el procedimiento pero finalmente se llevó a cabo la cesárea, a pesar de que esta no figura entre los métodos reconocidos por la Organización Mundial de la Salud para llevar a cabo un aborto.
“La cesárea se desarrolló a partir de las 8.00. El recién nacido fue recepcionado y asistido por el personal de neonatología”, informó el centro médico en un comunicado. El bebé no mantendrá contacto con la madre, deberá permanecer internado durante semanas y después será dado en adopción, según anunció el ministro de Salud jujeño.
El caso ha dividido al país sudamericano entre quienes denuncian que se ha incumplido su derecho a la interrupción voluntaria al embarazo y quienes felicitan al hospital por haber “salvado la vida de un inocente”.
Desde entonces la pequeña estaba en la incubadora, donde ha muerto prematuramente a los cinco días de nacer, según informaron medios argentinos.
El Hospital Materno Infantil ‘Dr Héctor Quintana’, donde ambas estaban ingresadas, ha hecho pública la noticia en un comunicado: “Se informa que a las 20:30 del día de la fecha, en el Servicio de Neonatología, falleció el recién nacido cuyo caso, de público conocimiento, fue informado oportunamente el pasado viernes 18”.
Agencias