La visión tradicional del peso del Estado en una economía mide éste en función de tres variables básicas: la ratio gasto público/PIB, impuestos/PIB y las regulaciones. Desde esta óptica se ha defendido y se defiende la expansión de la actividad estatal ya que España tiene una presión fiscal y un gasto de las Administraciones Públicas inferiores a los del promedio de la UE y la Eurozona. Con independencia de que ese razonamiento conduce a asumir que el vigente modelo social-económico europeo es un ejemplo, lo que es más que discutible a la vista de su evolución durante las últimas tres décadas y de su incapacidad de adaptarse a las nuevas realidades económicas, existe un modo distinto de enfocar esta cuestión que ofrece un panorama muy diferente al de la sabiduría convencional.
En concreto, en España existe una brecha creciente entre quienes obtienen sus ingresos del mercado y quienes los perciben del sector público. Esto constituye un lastre importante para lograr un incremento sostenido del PIB per cápita y del bienestar de los ciudadanos. El agregado de empleados públicos, parados y pensionistas suma casi catorce millones de personas que viven de las arcas públicas frente a pocos mas de trece que trabajan en el sector privado. Esta situación tenderá a agudizarse en los próximos años-decenios por el envejecimiento de la población y su efecto alcista sobre los desembolsos en jubilaciones, sanidad o dependencia por citar algunos ejemplos emblemáticos. Esta trayectoria no parece la mejor para configurar una economía dinámica y una sociedad justa.
Cualquier observador crítico objetará que muchas de las personas incluidas en esos grupos también pagan impuestos y, por tanto, contribuyen a financiar las actividades que realizan. Esto es cierto pero, si se restan los tributos pagados por ellos de lo que cuestan, el saldo no resulta muy positivo. Si se hace el cálculo para ver el coste neto anual para cada asalariado del sector privado de quienes extraen sus remuneraciones del Estado resultarían 19.127,1 euros al año. Esta es la conclusión del informe «Economía española: Las dos Españas de verdad» que publicó recientemente Freemarket. Por añadidura, el salario medio de los empleados públicos es un 37% superior al de los que están ocupados en el mercado. Si se valora que, por regla general, la productividad es más alta en la economía privada que en la pública, este hecho resulta bastante llamativo.
Esta situación es lógica. Las ganancias de eficiencia y de productividad en sectores no sometidos a la competencia son por definición o, mejor, tienden a ser inferiores a aquellos en los que existe. La inmensa mayoría de los programas sociales se prestan en régimen de monopolio, lo que elimina los incentivos para realizar un uso eficiente de los recursos. En paralelo, las ganancias presupuestarias logradas por ese tipo de políticas repercuten más en alzas salariales que en una mejora de la calidad. En definitiva, esta es la expresión de la denominada Ley de Baumol, a saber, los sectores intensivos en mano de obra y sin presión competitiva tienen una productividad baja. Esto significa, por ejemplo, que la introducción de competencia público/privada en numerosos campos hoy monopolizados por la Administración sería un paso efectivo hacia una mejora de la relación calidad-coste de numerosos programas públicos.
En definitiva, no parece demasiado razonable una estructura socio-económica en la que vive más gente del Estado que del mercado. Tampoco esta situación se justifica por la eficiencia del sector público español que resulta manifiestamente mejorable o, para decirlo en otros términos, que a la vista de la información disponible no gestiona con la eficacia deseable los ingentes recursos puestos a su disposición. Por añadidura, el crecimiento imparable del número de pensionistas y de su coste es ya un problema de primera magnitud que se agravará de manera inexorable en el futuro. Todo lo apuntado plantea la imperiosa necesidad de acometer una profunda reforma del sector público español y constituye una buena llamada de atención para quienes siguen pensando que subir el gasto, los impuestos y el empleo público es la vía adecuada para que la economía crezca, genere empleo y sea competitiva.