Tras el Brexit, el Dexit, la pretenciosa iniciativa de la derecha radical alemana de AfD de poner en marcha la salida de Alemania de la Unión Europea en cinco años, si antes no se produce la drástica reforma interna de la UE que defiende. La primera exigencia no tiene matices: es preciso clausurar el Parlamento Europeo por ser presuntamente depredador de las competencias de los parlamentos nacionales, únicos legisladores soberanos. Una exigencia en la que coinciden con la AfD alemana tanto la derecha eurófoba británica como muchos políticos «tories» y los lepenistas franceses.
El objetivo entra en el terreno de lo opinable. Los argumentos no son en cambio de recibo. La derecha eurófoba, tanto inglesa como continental, juega con la ignorancia de gran parte de la opinión pública, que desconoce que el Parlamento Europeo tiene escasos poderes legislativos. De hecho, solo es decisivo a la hora de aprobar o rechazar el presupuesto comunitario elaborado por la Comisión Europea, el órgano clave de ese edificio peculiar que es la Unión.
La pólvora que se gasta en manipulaciones y retórica nacionalista podría emplearse mejor en las auténticas carencias de la Eurocámara. Como por ejemplo el dislate que supone tener –a costa del contribuyente europeo– tres sedes, la original de Estrasburgo, la ostentosa de Bruselas (conocida como el «capricho de los dioses»), y la secretaría general en Luxemburgo. Amén de la opacidad de los ingresos y gastos reales de los europarlamentarios, que en ciertos casos parecen usar el mandato solo para obtener un retiro dorado o para alimentar sus cuentas bancarias.
Si los eurófobos quieren recuperar competencias para los estados nacionales, deben apuntar su artillería hacia otras instituciones comunitarias, y no contra la humilde e inofensiva Eurocámara, que por otra parte es el único órgano democrático de la Unión y reflejo fiel de las corrientes políticas del continente.