Tras el derrocamiento del general Marcos Pérez Jiménez, Rómulo Betancourt fue el primer presidente electo por voto universal y secreto en Venezuela. Aprovechó su toma de posesión en 1959 para formular lo que en Derecho Internacional se conoce como la Doctrina Betancourt sobre la legitimidad de romper relaciones diplomáticas con gobiernos que se hagan con el poder subvirtiendo la democracia.
Con una elocuencia que resuena especialmente ante la Venezuela de Maduro, la Doctrina Betancourt asevera: «Regímenes que no respeten los derechos humanos, que conculquen las libertades de los ciudadanos y los tiranicen con respaldo de policías políticas totalitarias, deben ser sometidos a riguroso cordón profiláctico y erradicados mediante acción pacífica colectiva de la comunidad jurídica interamericana».
En contraposición, México había acuñado en 1930 como idea central de su política exterior la llamada Doctrina Estrada, fruto de toda su violenta experiencia revolucionaria que vino acompañada de una cacofonía de sucesivos rebeldes intentado convertirse en gobiernos «legítimos» con reconocimiento internacional.
De acuerdo a la exhortación formulada por el secretario de Relaciones Exteriores Genaro Estrada, México se manifiesta contrario a que los países decidan si un gobierno extranjero es legítimo o ilegítimo, especialmente si es producto de un movimiento revolucionario. Con un énfasis en el no-intervencionismo, el respeto a la soberanía nacional y la resolución no violenta de conflictos.
La Doctrina Estrada ha sido históricamente muy conveniente para México. No solo ha evitado a sucesivos gobiernos el tener que implicarse en disputas regionales, también ha servido de coartada para la «dictadura perfecta» del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Por aquello de que es mejor no dedicarse a tirar piedras cuando se vive en una casa de cristal muy poco democrática.
López Obrador ha querido incluir una especie de corolario al oportunismo de la Doctrina Estrada con insistencia en un profundo compromiso con los derechos humanos. Sin embargo, la pasividad ante el dilema moral que representa Venezuela no parece una solución aceptable para una cuestión que para la comunidad internacional resulta tan jurídica como política.