Todos los países que hasta ahora han dado su apoyo al presidente interino Juan Guaidó se encuentran en un “territorio inexplorado” en cuanto al reconocimiento político más no legal del también presidente de la Asamblea Nacional y sus consecuentes efectos en las relaciones diplomáticas de Venezuela ante el mundo.
Para un catedrático de Derecho Internacional Público que prefirió no revelar su nombre, el camino que se ha emprendido “puede que no vulnere el Derecho Internacional, pero desde luego está al margen del mismo y se aparta de la práctica diplomática tradicional: no se reconocen gobiernos sino Estados, el principio de eficacia prima sobre el de legitimidad”.
De acuerdo con lo publicado por El País de España, ni siquiera este catedrático está seguro de si el reconocimiento “oficial” que hizo el presidente español Pedro Sánchez el pasado lunes fue un acto político o jurídico. De momento, subraya, el Gobierno no ha sacado las consecuencias jurídicas del reconocimiento. Y no tiene ninguna prisa en hacerlo.
Asimismo, el diario reseña que si Guaidó designara un embajador en España, el Gobierno no tendría más remedio que reconocerlo, en coherencia con la declaración de Sánchez, pero solo después de recibir la solicitud formal y concederle el preceptivo plácet, un proceso que podría demorarse varias semanas.
Ningún país puede tener dos embajadores, así que el reconocimiento del designado por Guaidó traería consigo la retirada de los privilegios e inmunidades diplomáticas a Mario Iseaque ha venido desarrollando el cargo en Madrid. Previamente, se le concedería un plazo de cortesía para que se marchara de España o se quedara pidiendo un permiso de residencia como ciudadano de a pie.
Todas las cuentas y bienes de la embajada venezolana deberían bloquearse y pasar bajo control del nuevo embajador designado por Guaidó. El problema es que, en virtud del principio de reciprocidad, es muy probable que estas mismas medidas fueran adoptadas por Maduro contra el embajador español en Venezuela, Jesús Silva, y los bienes de la embajada española en Caracas. La protección de 170.000 españoles que viven en Venezuela y de las más de 70 compañías españolas que operan en el país podría quedar seriamente mermada.
Lo que espera el Ministerio de Asuntos Exteriores es que Guaidó no designe a un embajador en sentido estricto sino solo un representante político, al menos hasta que se celebren las elecciones que el “presidente encargado” ha prometido convocar.
Fuente: El País / Sumarium / Alberto News