Presta ‘in extremis’ a los más desesperados. Compra deuda de empresas y países rumbo a la quiebra y con su músculo financiero se dispone a esperar hasta que pueda cobrarla en valiosos activos. Así, por ejemplo, terminó por adueñarse de buena parte del negocio de las telecomunicaciones en Argentina, una de las casi medio centenar de naciones en cuyas reestructuraciones de deuda, tal como se jacta, ha participado “en los últimos 25 años”. El mexicano David Martínez y su fondo buitre se dedicaron a acumular bonos de la colapsada economía chavista, y algunos creen que ha llegado la hora de que cobre con el control de alguna empresa estatal, como la eléctrica. Pero, según ha trascendido, es probable que en esta apuesta deban pagar un precio al que no están acostumbrados: las sanciones financieras de Estados Unidos.
ANDREINA ITRIAGO
Para el primer trimestre de 2017, en la oficina de Crédito Público del Ministerio de Economía y Finanzas venezolano ya tenían una certeza: no podían pagar la deuda soberana. Decidieron, entonces, comenzar a buscar asistencia para una eventual restructuración y, para ello, llamaron a un grupo de inversionistas nacionales e internacionales.
Al reunirse con cada uno de ellos, la directora de dicha oficina les preguntaba si podían ayudar y si estaban dispuestos a reunirse con el ministro Simón Zerpa y con el vicepresidente Tareck El Aissami. La respuesta para esta última pregunta era clave.
En febrero de ese año, El Aissami había sido sumado a la lista de sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EEUU), por su presunta vinculación con el narcotráfico internacional. Esto obligaba automáticamente a los banqueros entre las denominadas “personas de Estados Unidos” (US persons) a mantenerse al margen de las conversaciones con el gobierno venezolano.
Pero había un banquero a quien esa prohibición no afectaba. Era el inversionista David Martínez Guzmán, el mexicano más influyente de Wall Street, conocido por invertir en reestructuraciones de deuda de empresas y países. Venezuela, además, era un terreno conocido para él.
Hay quienes le atribuyen inversiones hechas en el país hasta 30 años atrás; otros lo ubican merodeando en Venezuela solo desde hace una década. Nadie se anima a precisar nada porque si hay algo que caracteriza a Martínez –considerado el inversor más importante de América Latina y de los más hábiles de los Estados Unidos– es el misterio.
Pero hay algo en torno a lo que casi hay consenso: hasta ese primer trimestre de 2017 se había distanciado un tiempo indefinido del país; y su retorno, durante la administración de Maduro, fue polémico.
En marzo de ese año, su fondo de cobertura o hedge fund, FinTech Advisory –dentro de los llamados “fondos buitres”, es decir, que invierten cerca de la quiebra– recibió bonos con un valor nominal de 1,3 millardos de dólares como garantía de un préstamo de 300 millones al país. “Ayudó al Gobierno a vender activos en medio de las sanciones estadounidenses”, condenan importantes y pertinentes fuentes consultadas, quienes hablan desde el anonimato por una mezcla entre admiración y temor a Martínez y, sobre todo, a sus abogados.
Entre los meses de abril y junio de 2017, el multimillonario mexicano habría seguido viajando a Venezuela con frecuencia, para tratar asuntos relacionados con la deuda. Su interés, ahora, era personal. A finales de octubre, habría vuelto para instar al gobierno de Nicolás Maduro, al que se le estaban acumulando los pagos de bonos vencidos, a no pagarlos. Un par de días después, el mandatario decretó la reestructuración de la deuda.
Esta asistencia es lo único que el hermético Martínez reconoce haber hecho con el régimen venezolano en conversaciones con sus pocas personas de confianza. Para el Departamento del Tesoro de Estados Unidos parece haber sido suficiente para investigarlo y considerar sanciones, también, para él, según se pudo conocer esta semana a través de una filtración divulgada por Bloomberg.
Pero a Martínez se le atribuye una influencia mucho mayor en las decisiones económicas del gobierno venezolano. Las opiniones de los que se atreven a hablar, aún desde una experiencia importante, están divididas; y no dejan de ser más que eso: versiones. Pruebas tangibles no hay.
Operaciones polémicas
Es fama que, antes de realizar cualquier operación, el hábil Martínez evalúa sus riesgos y cuánto puede ganar. También que no da un paso sin que sus temidos abogados, “de los mejores que el dinero puede comprar”, revisen cada detalle y se aseguren de mantenerse en el marco de lo legal, aunque sea en una zona gris. Dicen que así es como ha trabajado con 50 gobiernos del mundo, entre ellos el de Nicolás Maduro, en Venezuela.
Hay quienes atribuyen al fondo de David Martínez una operación previa a la pública y conocida de marzo de 2017, de la que sin embargo no dan detalles. Hay quienes lo niegan rotundamente y aseguran que el préstamo de 300 millones ha sido el único. Apenas un mes después de este, según publicó el portal de noticias financieras y analíticas, REDD Intelligence, FinTech consideró inyectar 500 millones más, a cambio de 1,6 millardos de dólares de los bonos Pdvsa 37. Nadie, sin embargo, sabe qué pasó con esto.
Al gobierno pronto le llegó oxígeno por otra vía, en plena oleada de protestas antigubernamentales, con la polémica compra de bonos de Pdvsa que hizo Goldman Sachs, uno de los grupos de banca de inversión y de valores más grande del mundo. A través de una pequeña empresa de inversiones con sede en Londres y Nueva York, Dinosaur Financial Group, pagó 865 millones de dólares por 2.800 millones en bonos. Fueron bautizados como los “bonos del hambre”.
Hay quienes piensan que solo alguien con el peso específico de Martínez, quien para la fecha entraba y salía del país en su avión privado para conversar de la deuda, podría haber convencido a Goldman Sachs de hacer la cuestionada transacción de finales de mayo de 2017. “Compramos estos bonos, que fueron emitidos en 2014, en un mercado secundario de un corredor y no interactuamos con el gobierno venezolano. Están en fondos y en cuentas que manejamos en nombre de nuestros clientes”, se defendió Goldman Sachs, poco después de la compra, en un comunicado.
Pero el uso de intermediarios, especialmente Dinosaur, era lo que más llamaba la atención. En un documento de la operación al que se tuvo acceso, se alertaba que el hecho de que existieran múltiples de ellos dificultaba realizar el procedimiento con la debida diligencia en lo referido al origen de los fondos.
Hay quienes vinculan con Dinosaur al sobrino de Miguel Ángel Capriles López, ArmandoEl Pelón Capriles, quien habría multiplicado su fortuna haciendo negocios con el sistema financiero público durante el gobierno de Hugo Chávez. Los mismos que hacen ese nexo dicen que El Pelón Capriles ha sido operador de Martínez en Venezuela.
Pero, de la misma manera, hay quienes desvinculan a Martínez de todo lo anterior, incluida la operación de Goldman Sachs. Y no es el único punto sobre el que hay discrepancias.
En 2018, antes de la reconversión monetaria que entró en vigencia el 20 de agosto, Martínez habría contactado a economistas latinoamericanos para que asesoraran al gobierno de Maduro, un servicio que pagaría de su bolsillo según algunas fuentes. Esa búsqueda habría arrojado como resultado la asesoría de los ecuatorianos Patricio Rivera y Fausto Herrera, exministros de Finanzas de Rafael Correa. Martínez, sin embargo, habría negado a sus allegados cualquier vínculo con ellos.
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