El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un real decreto-ley que permite completar la reforma del sector de la estiba, pendiente desde hace dos años. La norma, según ha explicado la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, permite «reforzar el marzo jurídico del sector, para asegurar la transición hacia el nuevo marco de competencia».
La norma articula la subrogación obligatoria de los estibadores a las empresas que decidan salirse de las Sociedades de Estiba (Sagep). Además, se establece el requisito de que los Centros Portuarios de Empleo cuenten con una licencia de empresa estibadora para «garantizar la vinculación del propietario con la actividad que se realiza y con ello el máximo nivel de profesionalidad», según ha destacado el Ministerio de Fomento en un comunicado.
Además, se permitirá el uso del contrato de aprendizaje para la formación de estibadores. Así, los alumnos que estén cursando el Certificado de Profesionalidad que da acceso a la profesión podrán beneficiarse de un contrato laboral mientras desarrollan las prácticas.
El Ejecutivo ofrecerá una serie de ayudas especiales al sector para que este se adapte a la apertura del mercado. El Consejo de Ministros ha acordado la tramitación urgente del proyecto de real decreto por el que se establecen las normas para la concesión estas ayudas. El objetivo en este caso es facilitar las salidas voluntarias de los trabajadores de mayor edad y modificar el contenido del certificado de profesionalidad para el acceso a la profesión.
Asignatura pendiente
Fomento ha destacado la «intensa labor de diálogo» que se ha llevado a cabo tanto con el sector como con la Comisión Europea para concretar esta reforma. No hay que olvidar que la liberalización del sector era una petición de Bruselas que todavía no había sido completada por España.
El decreto del Gobierno completa la reforma de la estiba que comenzó el Ejecutivo de Mariano Rajoy en mayo de 2017 a través de un real decreto que liberalizaba el sector y daba un año para adecuar los convenios colectivos a la nueva regulación. Fue la respuesta del Gobierno de entonces a la conflictividad que había estallado en el sector –que vivió importantes jornadas de huelga– por la incertidumbre jurídica que suponía la liberalización del sector.
La reforma, sin embargo, no se completó (de hecho, las protestas continuaron) ya que determinados aspectos de la ley, como las ayudas para prejubilaciones de trabajadores o la constitución de los nuevos Centros Portuarios de Empleo (CPE) no se desarrollaban en profundidad. El propio real decreto-ley condicionaba su aplicación a la aprobación de un reglamento posterior que lo desarrollase.