Para muchos floridanos del sur, no es un secreto que el lugar al que llaman hogar es un refugio de larga data para el dinero de las drogas ilícitas o el dinero robado de gobiernos extranjeros.
Por lo tanto, no debería sorprender que el FBI esté estableciendo una oficina de escuadrones internacionales contra la corrupción en Miami.
El equipo, programado para comenzar su trabajo este mes, se centrará en América del Sur. Los agentes saldrán para atacar a los delincuentes de cuello blanco que sobornan a funcionarios públicos extranjeros y luego lavan las ganancias, mediante la compra de bienes raíces locales o barcos de lujo.
El escuadrón, el cuarto que se establecerá a nivel nacional, estará integrado por agentes superiores del FBI, contadores forenses y fiscales e investigadores con experiencia en la persecución de delincuentes de cuello blanco y la corrupción pública. La oficina actualmente opera escuadrones en Nueva York, Washington, DC y Los Ángeles. Entre 2016 y 2018, según The Associated Press, los fiscales obtuvieron 34 condenas en casos presentados por la unidad internacional.
Ya es hora
Hay una gran demanda de un esfuerzo dedicado para investigar el vínculo de la región con la corrupción en América Latina, dicen los ex abogados de Estados Unidos para el sur de la Florida.
“Mi primera reacción es que ya era hora”, dijo Marcos Jiménez, quien trabajó entre 2002 y 2005. “El FBI debería haber hecho esto hace años”.
El sur de la Florida ha sido la capital de la corrupción en América Latina durante todo este tiempo, y no le han dedicado suficientes recursos”, dijo Jiménez, un litigante comercial con base en Coral Gables.
Esto se debió principalmente a que los ataques terroristas en Nueva York y Washington desviaron los recursos al trabajo de contraterrorismo.
Sigue el dinero
Un patrón de caso típico es que las personas que reciben sobornos salten su dinero en bienes raíces del sur de la Florida.
Jiménez supuso que el gobierno ha recibido un aumento en el número de clientes potenciales de un programa de informes operado por la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
Se requiere que las aseguradoras de títulos informen las identidades de las personas que compran bienes raíces residenciales valorados en $ 300,000 o más. El sur de Florida es una de las ocho regiones sometidas a una orden de focalización geográfica, diseñada para marcar el lavado de dinero a través de acuerdos inmobiliarios.
“Es la misma regla antigua que nunca ha cambiado, que es seguir el dinero”, dijo Jiménez.
Wifredo Ferrer, quien fue abogado de EE. UU., entre 2010 y 2017, dijo que, cada vez más, ha visto a las fuerzas de seguridad de EE. UU. asociarse con sus homólogos en Brasil, Argentina, Perú y México, naciones que están combatiendo la corrupción.
Y luego está Venezuela, cuyos funcionarios y empresarios bien conectados se han enriquecido a medida que el gobierno socialista de Nicolás Maduro se ha dirigido hacia el colapso.
Las sanciones estadounidenses contra funcionarios corruptos venezolanos han llevado al Tesoro de los Estados Unidos a congelar miles de millones bajo el control de oficiales militares y otros con vínculos gubernamentales, incluidos $ 500 millones en activos pertenecientes a un ex vicepresidente, Tarak El Aissami.
“El gobierno de los EE. UU. está concentrado en asegurarse de llevar ante la justicia a quienes han lavado el dinero robado de Venezuela”, dijo Ferrer, socio ejecutivo de la oficina en Miami de Holland & Knight.
El FBI va tras la pista de los delincuentes dedicados a la legitimación de capitales en Miami.