El juez de la Audiencia Nacional que investiga la debacle del Popular, que fue resuelto por las autoridades españolas y europeas y vendido al Santander por un euro, tiene ya en sus manos un documento clave: el informe pericial sobre las cuentas del banco que encargó a dos inspectores del Banco de España. Pues bien, la conclusión de los dos técnicos del supervisor es que si bien la entidad financiera estaba justa de capital y las cuentas incluidas en el folleto de la ampliación de 2016 no respetaban determinados aspectos de la normativa contable, en ese momento el Popular era viable, y si se hundió por la imposibilidad de hacer frente a la fuga de depósitos que sufrió en 2017.
En concreto, los expertos Santiago Ruíz-Clavijo y Pablo Hernández argumentan que el Popular «no era inviable» ya que «a diciembre de 2016, su patrimonio neto era de 11.088 millones de euros y tenía una capacidad de generación recurrente de beneficios antes de provisiones en torno a 1.150 millones de euros». Esto supone un espaldarazo al expresidente de la entidad Ángel Ron, imputado en la causa por su gestión, y en concreto por la ampliación de capital de mayo de 2016 en la que la entidad captó 2.505 millones de euros entre pequeños y grandes inversores.
El juez instructor ha dividido en dos piezas la investigación, en la que están imputadas 34 personas, entre ellas los expresidentes Ángel Ron y Emilio Saracho, el exconsejero Antonio del Valle y la firma auditora Pwc. Una de las piezas se refiere esa etapa de Ron al frente del banco, en la que tratará de esclarecer si durante esa época los gestores de la entidad falsearon sus cuentas y por tanto cometieron delitos de falsedad societaria y administración desleal en la ampliaciónde 2016. Cabe recordar que la CNMV ha abierto un expediente contra Ron y otros exdirectivos por este motivo que ya ha sido rebatido por el banquero.
En la segunda pieza, centrada en la etapa de Emilio Saracho al frente del Popular, a partir de abril de 2017, el magistrado tratará de determinar si hubo una campaña de desprestigio contra el Popular para hacer caer el valor de la cotización de su acciones, en lo que apunta al antiguo accionista mexicano Antonio del Valle.
Los peritos del Banco de España trabajando para el caso descartan así que la entidad fuera inviable en la ampliación de capital de 2016, aunque reconocen que las cuentas del banco incluidas en el folleto de emisió que se entregó a los inversores, entre ellos pequeños ahorradores que perdieron todo el dinero invertido, «no respetaban determinados aspectos de la normativa». Además, los técnicos señalan que «era previsible que sus accionistas sufrieran pérdidas por el reducido margen para cumplir con los requerimientos de solvencia» del Banco Central Europeo (BCE) y que el Popular arrastraba «posibles déficit de provisiones». En todo caso, el informe asegura que el banco disponía «de la posibilidad de materializar plusvalías por ventas de negocios», tal y como había planeado el equipo gestor.
Salida de depósitos inasumible
Ruiz-Clavijo y Hernández achacan el derrumbe del banco, que el 6 de junio de 2017 tuvo que ser resuelto por la Junta Única de Resolución y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y vendido al Santander en subasta exprés, a la fuga de depósitos que sufrió la entidad en los meses previos a esa intervención. «La entidad tenía una grave problema de liquidez siendo en todo momentos antes de la resolución solvente, sus fondos propios eran positivos, aún con los eventuales ajustes contables que pudieran quedar por reflejar y también a pesar del posible incumplimiento de los ratios de solvencia regulatorios», dice el informe en su parte de conclusiones.
Los expertos recuerdan que entre abril y junio de 2017 el Popular perdió más de 16.000 millones en depósitos, sobre todo superiores a 100.000 euros y por tanto no cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD). «Este volumen de salidas de depósitos y en tan escaso tiempo hace que, para una entidad del tamaño de Banco Popular, sea prácticamente imposible cumplir con sus obligaciones con sus propios medios y por ello solicitó un ELA al Banco de España», explican los peritos.