El Gobierno de Pedro Sánchez planea que hasta 2022 las pensiones crezcan según el IPC hasta entonces. Pero desde 2023 a 2050 prevé abandonar la vinculación a la inflación. Sería mediante el regreso de la revalorización anual del 0,25% cuando la Seguridad Social esté en déficit, retomando el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP), que prevé un aumento del IPC con 0,5 puntos adicionales en época de bonanza. Este es el escenario que contempla junto a la reducción del 60% de las bonificaciones al empleo, en lo que puede afectar a tarifas planas de autónomos, guiños de contratación a jóvenes y demás. Así lo recoge el informe de la Autoridad Fiscal sobre el Programa de Estabilidad remitido a Bruselas.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, firmó con los sindicatos de la Administración subidas a los empleados públicos del 1,75% en 2018, del 2,25% en 2019 (con 0,25 adicional ligado al crecimiento del PIB) y hasta del 2,75% en 2020. El Gobierno socialista venía cumpliendo con este pacto hasta la fecha y se ha comprometido a ejecutarlo hasta el final. Sin embargo, para 2021 y 2022 planea subir los salarios públicos un 1%
cada año para así reducir el gasto y reducir el déficit. Ello redundaría en que los empleados público ganarían poder adquisitivo en 2019 y 2020 pero lo perderían los dos años siguientes, ya que contempla que la inflación esté por encima de este 1%.
Este es un factor clave en las estimaciones de déficit, porque el organismo dirigido por José Luis Escrivá detecta que en 2019 y 2020 los augurios de déficit del Gobierno son factibles -del -2% del PIB y un -1,1% respectivamente- pero no así los dos años siguientes cuando arroja en 2021 un -0,4% y un 0% en 2022-. Precisamente, la Airef no ve probable que el Gobierno vaya a subir solo un 1% el sueldo a los empleados públicos, además de otras rúbricas.