Roberto Francisco García, líder del grupo de protesta Resistencia por mi Nicaragua (RPN), denuncia que ayer 30 de mayo, después de la misa del Día de las Madres, sufrió un secuestro llevado a cabo por civiles y miembros de la Policía Nacional.
García, de 39 años, asegura que después de salir de catedral, a eso de las 3 de la tarde subió a un taxi junto a otros miembros del RPN, pero más adelante sólo iba él de pasajero cuando fue interceptado por dos camionetas blancas Hilux y media docena de motorizados armados.
“Eran como 25, los que no estaban encapuchados iban con los cascos de moto. Me bajaron del taxi, me encapucharon y golpearon en el pecho. Luego me lanzaron a la tina de una camioneta y arrancaron”, narró García.
Comentó que dieron vueltas por espacio de aproximadamente 2 horas y media, para después detenerse en un lugar donde parece que estaban esperando a alguien.
“De repente me bajaron, me quitaron la capucha y pude ver a un oficial de policía. Me interrogaron y preguntaban que quién me financiaba y yo le dije que nadie. Después de insistir por algunos minutos, me citó en la delegación de la Policía para que llegara a las 1 de la tarde para platicar y negociar. Posteriormente me dejaron libre. Creo que quería que trabajara con ellos, pero decidí denunciar eso en la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH)”, dijo García.
Comenta que durante la manifestación de Las Banderas, pasó un vehículo con parapolicías armados disparando contra la protesta cívica, y el gobierno ha hecho videos haciendo un montaje de imágenes para involucrarlo como quien hizo los disparos, cuando el perpetrador evidentemente es otra persona.
El doctor Pablo Cuevas, asesor legal de la CPDH, dijo que es preocupante que la Policía esté delinquiendo coordinado con civiles encapuchados al menos estilo de mafiosos.
“Según el Código Penal señala que sus actos están reñidos con la ley y son responsables de secuestro. Estamos haciendo un informe que será enviado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, además haremos solicitud a la CIDH para que se le otorguen medidas cautelares”, indicó el doctor Cuevas.
El asesor legal también dijo que la Policía Nacional por mandato constitucional y su ley creadora está obligada a proteger a la población, no a secuestrar e intimidar.
“Lo que le suceda a García es responsabilidad de gobierno”, especificó.
García asegura que ha sido asediado por policías y motorizados, siendo perseguido por dos de estos cuando fue a interponer la denuncia ante la CPDH.