El último caso de represión económica por asuntos políticos ocurrió esta semana en Ometepe, Rivas al sur país. En esa localidad una farmacia que permaneció cerrada durante el paro nacional convocado por la oposición el pasado 23 de mayo, fue clausurada de manera definitiva por orden del Ministerio de Salud (Minsa).
El local afectado es la farmacia “Avellán”, localizada frente al hospital primario del municipio de Moyogalpa y según su propietaria Salua Avellán, la decisión es totalmente arbitraria y pone en riesgo la salud de los habitantes y un inventario de 5,000 dólares que existe dentro del establecimiento.
El allanamiento a una agencia distribuidora de azúcar perteneciente a un hijo del doctor Carlos Tünnermann, miembro del equipo negociador de la Alianza Cívica por la Justicia y Democracia (ACJD), se suma a una serie de incidentes contra establecimiento de opositores.
Maria Arana, integrante del equipo negociador de la Alianza Cívica, manifestó que la represión del gobierno a establecimientos comerciales deben ser reportado ante el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA) para llevar un registro de las anomalías, estas son una violación a los derechos de los nicaragüenses.