La cantidad de propiedades tomadas ilegalmente se ha incrementado de 4,671 manzanas a 5,071, según el último reporte de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic), un problema en el que se está involucrando las alcaldías, según denuncias de afectados.
Uno de los últimos casos de propiedades tomadas ilegalmente es la finca Santa Mónica, de Reynaldo Chavarría Castro, ubicada en Santa María de Pantasma, Jinotega, donde los invasores le destruyeron los cultivos que tenía tras desalojarlo.
El afectado aseguró que con apoyo de la Alcaldía, los invasores están lotificando y la entidad municipal está facilitándoles maquinaria para aplanar y abrir calles.
“Prácticamente vinieron a hacer calles por toda la propiedad, toda la maquinaria la mandó la alcaldía. Han arrancado árboles grandes de madera preciosa para construcción, más de lo que ya habían cortado”, dijo a El Nuevo Diario Chavarría Castro.
La propiedad de Chavarría forma parte de las 5071 manzanas contabilizadas por Upanic que han sido invadidas por grupos afines al gobierno desde que inició la crisis sociopolítica en abril de 2018 y que aún no han sido devueltas a sus dueños.
“Me han dejado prácticamente sin nada, casi todo lo he perdido por los tomatierras”, lamentó Chavarría, quien fue alcalde de Santa María de Pantasma por el Partido Liberal Constitucionalista en la década de los 90.
Agregó que además de las 59 manzanas, ya no puede pasar por otras cuatro manzanas de tierra que tenía contiguo a esa finca y que las estaba trabajando, porque también fue invadida.
“Tengo miedo que me hagan algo al pasar por esas cuatro manzanas y crean que yo los estoy provocando”, dijo.
Le quieren quitar la última manzana
Chavarría también denunció que lo amenazaron dándole un ultimátum para que salga a más tardar el próximo 23 de julio de la casa ubicada en la única manzana que le dejaron los tomatierras en una colina de la comarca El Charcón, del municipio de Santa María de Pantasma.
“Dijeron me iban a venir a sacar de la casa, yo estoy esperando lo que venga, a ver qué pasa”, dijo Chavarría.
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Lindsay Dinorah Castro Molina, quien es abogada de la familia Chavarría Fajardo, dueña de la finca Santa Mónica y de otros productores afectados en Chinandega por tomatierras, aseguró que en caso de las propiedades de Chinandega, al menos las autoridades reciben las denuncias, pero en Jinotega es diferente.
“En Santa Mónica no puedo, ahí la policía está centralizada, a uno lo volean y no le quieren recibir las cosas y si me voy a la Procuraduría Departamental, que son quienes deben dar la cara por el Gobierno en la toma de propiedades, estoy peor, porque ellos son nuestra contraparte en los juicios”, dijo Castro.
La abogada aseguró que continuarán denunciando, “aunque no tengan eco nuestras denuncias y reclamos, no nos vamos a quedar de brazos cruzados, seguiremos visitando las instancias competentes, como la Policía Nacional, la Fiscalía, la Procuraduría, para encontrar una solución. No hemos visto pronta respuesta; sin embargo los interesados están siendo perjudicados económicamente en su patrimonio”.