D Las elecciones han vuelto a dar el salto de la arena política a la fiscal, condicionando fuertemente el cumplimiento del ajuste que exige la UE, a lo que se suma una larga retahíla de gastos inesperados que entran este año como las ayudas a la banca o devoluciones a empresas en Sociedades. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha presentado esta mañana su informe sobre el cumplimiento de los objetivos de déficit, deuda y regla de gasto y constata que comunidades autónomas y ayuntamientos han disparado su desembolso por lo que empeorarán sus números. Además, la Administración deberá hacer frente a 5.455 millones en gastos extraordinarios, de los que más de 1.700 son ayudas del Estado a la banca, que elevarán el déficit en cuatro décimas: sin ellos, el desequilibrio de las cuentas públicas acabaría en el 1,6%.
Si bien la Airef considera factible cumplir la previsión del Gobierno de cerrar con un déficit del 2% del PIB -frente al 2,5% de 2018-, las regiones incumplirán su meta del -0,1% para acabar con un boquete cinco veces mayor, del -0,5%, (más del doble que el -0,2% de 2018). Junto a que las corporaciones locales cosecharán un superávit menor y ambos subsectores rebasarán con mucho los límites de gasto, el cumplimiento de la previsión de déficit se antoja ajustada. Todo ello pese a que la Administración tendrá superávit primario: es decir, descontando el pago de intereses de deuda ingresará más de lo que gastará, algo que no ocurría desde el estallido de la crisis. Aún con esas, la Airef espera que el Gobierno incumpla su objetivo de deuda pública en tres décimas, al cerrar 2019 en el 96,1% del PIB.
Uno de los obstáculos que deberá enfrentar el Gobierno es que este año se producirán 5.455 millones de gastos extraordinarios. Unos 1.793 millones serán de pagos a los bancos por las reestructuraciones que se dieron en la crisis y otros 1.600 por devoluciones en Sociedades no recurrentes. Las ayudas a la banca se tratan de los llamados Esquemas de Protección de Activos (EPA), en los que el Estado, a través del Fondo de Reestructuración Bancaria (FROB) y el de Garantía de Depósitos, compensó a las entidades que se hicieron durante la crisis con bancos en problemas con avales que podían ejecutar si afloraban pérdidas de estos últimos. Pese a los años pasados tras la crisis, en 2017 las ayudas a la banca absorbieron 797 millones en 2017 y otr 1.849 en 2018, lo qque refleja la factura de la reestructuración bancaria para el contribuyente.
A ello se le suman que en las autonomías, el desvío en el déficit se deberá, en dos décimas de PIB, a que el Estado no repartirá los 2.500 millones de euros de ingresos por IVA pendientes (aunque la Airef señala que sí distribuirá los 6.500 millones en entregas a cuenta ya que Hacienda así se lo ha transmitido) pero también a un gasto mayor en empleados, Sanidad y Educación y consumos intermedios.
Del lado de estos 2.500 millones de recaudación de IVA, el Gobierno, al no poder aprobar los Presupuestos, no va a modificar el Sistema Inmediato de Información (SII) del impuesto, las regiones se quedarán sin un mes de ingresos del impuesto correspondiente a 2017. Fue entonces cuando entró el SII, que adelantaba las devoluciones y postergaba la fecha de declaración del tributo por lo que, por un efecto contable, el Estado se quedó con un mes menos de ingresos que ahora las regiones le deben devolver en la liquidación de la recaudación a dos años vista.
El Ejecutivo quería volver a adelantar la fecha de declaración de IVA para que así este año pudiera ingresar contablemente un mes más en 2019 que a su vez, lo repartiría en parte a las regiones. Como no aprobó las cuentas y al estar en funciones no puede cambiar la Ley, las regiones se quedarán sin este mes de ingresos lo que les resta unos 2.500 millones.
Menos fondos europeos
Y como colofón, si bien el gasto electoral ha sido mayor, también es cierto que al recibir el año pasado muchos fondos europeos para financiar inversiones compartidas, este año el reparto ha sido menor, lo que dificulta aún más el cumplimiento este año. Como fuere, la Airef ha intentado depurar este efecto que es meramente temporal, (muchos de los fondos que llegaron en 2018 financiaban inversiones de años antes y en 2019 empezarán gastos cuya financiación comunitaria no llegará hasta dentro de varios años) y señala a las regiones díscolas quitando esto: incumplirán los límites de gasto Baleares (con un desembolso que podría aumentar un imponente 8,1%), Canarias, Madrid, Murcia y Navarra. La Airef llega a pedir al Ministerio de Hacienda que tutele a Murcia, Comunidad Valenciana y Baleares con medidas correctivas.
Del lado de los ayuntamientos, la relajación de la regla de gasto ha elevado con fuerza las inversiones. A ello se suma que, como avanzó ABC, los grandes ayuntamientos incumplen este año el marcaje de Hacienda gastando por encima con las urnas en la mirilla: la Airef cree que Madrid y Valencia incumplirán el tope al gasto mientras que Barcelona y Sevilla ni siquiera han elaborado un plan de ajuste para conocer sus planes.
A vueltas con la Seguridad Social
Pero la Seguridad Social es el elefante en la habitación del déficit: si el tope de gasto que exige la UE marca un crecimiento máximo del desembolso del 2,7%, el sistema ha disparado su desembolso un 7,5% después de que el Gobierno de Rajoy y después de Sánchez ligara al IPC a las prestaciones y subiera las pensiones mínimas, de viudedad y no contributivas. Pese a que los ingresos por el aumento de las bases de cotización son mayores a lo que esperaba la Airef, esta medida no compensa el mayor desembolso. Por ello, la Seguridad Social incumplirá su objetivo de déficit del 0,9% y, como avanzó ABC, seguirá engordando el déficit hasta el punto de que el cumplimiento de la previsión del 1,4% del Gobierno, más realista, está en el alambre, con un agujero de más de 17.000 millones, aunque la Airef lo ve factible. La senda del déficit se antoja complicada