El decreto dictado el pasado 5 de agosto por el presidente de los EEUU, Donald Trump, puso en carreras a todos los personajes que han venido manteniendo todo tipo de negociados con los pandilleros que se aferran a las instituciones públicas que han secuestrado. Queda hoy muy claro que se exponen a procedimientos regulatorios que terminarían en reproches judiciales, los que prosigan esos negocios con un régimen que es manejado por una corporación delincuencial. Por eso, los que deben temer a esas acciones, son los que poseen cuentas bancarias con abultadas cifras de dineros depositados, así como aviones, yates o mansiones de altísimo valor.