Inquietud, incertidumbre, cautela. Tres palabras muy repetidas este año entre los inversores que acudieron al Spain Investors Day (SID), celebrado la semana pasada en el Hotel Intercontinental de Madrid. Un evento anual que sirve para tomar el pulso a la economía española con la presencia del Ibex 35 y las grandes gestoras de fondos… a lo que se unía en esta edición el morbo del nuevo Gobierno. Más de 1.200 asistentes deseosos de verse las caras, desayunar, comer, cenar y tener unos minutos con alguna ministra o secretaria de Estado.
El foro, este año, ya empezó torcido por la agenda del Ejecutivo; el martes había Consejo de Ministros (el primero de la legislatura). Reyes Maroto, ministra de Industria, Comercio y Turismo, no acudió al desayuno de apertura como estaba previsto y pasó su intervención a la noche. Sí estuvieron entonces el alcalde de Madrid y la secretaria de Estado de Comercio. Primer revés -limitado- para los millones de euros en cargos que se juntaron en el salón del Intercontinental.
La gran traca llegó cuatro horas más tarde. Nadia Calviño, vicepresidenta económica, avisó que no iba a acudir al SID por quedarse a comer con Sánchez tras el Consejo de Ministros. Plantón que, según ha sabido ABC, no sentó nada bien entre los asistentes ya que no solo se perdían su intervención sino también la posibilidad de transmitirle en una cita VIP sus opiniones y preocupaciones. Lo enmendó al día siguiente sorprendiendo con su asistencia a la comida de clausura del evento organizado por Estudio de Comunicación. «Vendió» España como un país sólido y robusto tanto en términos de crecimiento económico como de empleo, así como las líneas maestras de su agenda: transformación digital, transición ecológica y sostenibilidad, junto al crecimiento y el mercado laboral.
16.880 millones es la cantidad de dinero que aterrizó en España en forma de inversión extranjera hasta septiembre del año pasado. La cifra más baja desde 2014
Un mensaje que tranquilizó a los asistentes hasta cierto punto y sirvió para reforzar entre ellos la idea de que Calviño -y José Luis Escrivá, al frente de Seguridad Social- es su dique de contención ante las políticas que pueda imponer Unidas Podemos. A saber, una subida acelerada del Salario Mínimo Interprofesional o aumentos de impuestos no previstos.
Pese a todo, empresarios e inversores permanecen alerta hasta que se vaya aprobando lo pactado en el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Podemos. Es más, tal como publicó este periódico, hay compañías del Ibex que han cancelado recientemente «roadshows» con inversores por no saber qué contarles exactamente de la economía española. Fuentes financieras presentes en el SID explican que lo que más les preocupa es que se desmadren las decisiones del Ejecutivo y se salgan del tiesto del acuerdo. Por lo pronto, Rubén Segura-Cayuela, jefe de Estudios Económicos para Europa de Bank of America, comentó esta semana que la Bolsa no sufrirá en exceso por el Gobierno ya que las medidas previstas están descontadas en precio. Lo tienen en sus planes.
Incertidumbre
«Lo que esperan los inversores es mayor previsibilidad en la normativa. Lo que no les gusta es lo que no se sabe, y sobre todo cuando hay diferentes puntos de vista entre los ministros. Por eso es importante que lleguen pronto los nuevos Presupuestos Generales del Estado. Saber exactamente a lo que atenerse», dice Raymond Torres, director de Coyuntura y Economía Internacional de Funcas. Los economistas consultados mantienen idéntica tesis, que se repite también entre las gestoras. «Las señales clave para los inversores probablemente serán los detalles reales en los Presupuestos (y tal vez cualquier discusión relacionada con el tema catalán que aún pueda suponer un riesgo)», explica Pilar Gómez-Bravo, directora de Renta Fija para Europa de MFS Investment Management. En su caso ratifican que continúan siendo optimistas respecto a España pero se mantiene vigilantes. La incertidumbre está ahí, todos coinciden en este punto, y el «wait and see» («esperar y ver», en castellano) se hace más patente que nunca. Enfría la inversión en nuestro país y los datos de 2019 dan buena cuenta de ello.
Según cifras de la Secretaría de Estado de Comercio, la inversión extranjera en España se ha frenado el pasado año -hasta el tercer trimestre, último periodo disponible- hasta los 16.880 millones de euros (14.792 millones de tipo productivo, «no ETVE»), lo que supone, hasta septiembre, la cifra más baja desde 2014. Entonces fueron 12.703 millones (12.047 millones «no ETVE») y después avanzó al alza durante cuatro ejercicios consecutivos. En 2019 se ha frenado a niveles que no se veían desde la crisis y todo apunta a que el cuarto trimestre no será especialmente bueno por la celebración de elecciones, las negociaciones de Gobierno que hubo, el cierre de año, etc.
El consenso de los analistas apunta a que la desaceleración dejará el crecimiento de España entre 1,6% y 1,8% en 2020
Gonzalo Lardiés, gestor de renta variable española de A&G Banca Privada, incide en que todo se frena si las ideas no están claras: «El cambio político se ha visto por parte de los inversores con cierta cautela en tanto en cuanto no se vayan conociendo medidas concretas que puedan dar una visión más global de medio plazo. Todas aquellas medidas que puedan tener impacto en la fiscalidad, la regulación, normativa laboral, etc. son de las que más pendientes están los inversores de cara a valorar el impacto que tiene en compañías cotizadas». El medio plazo, tal como señaló Segura-Cayuela, de Bank of America, es donde podremos encontrar «una situación extremadamente vulnerable»; no tanto por las medidas a implementar sino por la ausencia de ellas. Es decir, si el Ejecutivo no profundiza en reformas estructurales, de calado, España podría llegar a sufrir. La entidad, todo sea dicho, es de las muy pocas que ha comentado en público que no está preocupada por el nuevo Ejecutivo y se ha mostrado favorable -o al menos no desfavorable- a una derogación parcial de la reforma laboral. Un «socio» entre los grandes capitales para Unidas Podemos.
Según ha podido saber ABC, hubo empresarios vinculados al sector energético que transmitieron en el SID a Calviño su preocupación y opinión sobre ciertos temas impositivos. Palabras informales ante la vicepresidenta económica, de las pocas en este Gobierno con más o menos confianza de parte de los empresarios e inversores por su trayectoria en Bruselas y los tintes de ortodoxia económica que demuestra. Esperan gestos de su parte que refuercen el papel de España como destino de inversión y que frenen la mano de Unidas Podemos en los Presupuestos.
Inmobiliario, banca y energía: los sectores en vilo por el Gobierno
Hay ciertos sectores más en vilo que otros por estar directamente en la diana del Gobierno. En el pacto de ambos partidos se recoge un «golpe» para las sociedades de mayor tamaño en España, ya sean nacionales o extranjeras: «Se reformará (el Impuesto de Sociedades) garantizando una tributación mínima del 15% de las grandes corporaciones, que se ampliaría hasta el 18% para las entidades financieras y empresas de hidrocarburos». Dos sectores que sufrirán parte de la reforma fiscal que planea el Ejecutivo. La banca, en dificultades para lograr buenas cifras de rentabilidad en estos tiempos de tipos negativos, es uno de los objetivos del Gobierno; el sector energético es otro de ellos, además de tener que adaptarse a los retos que poco a poco ha ido desgranando primero el Ministerio de Transición Ecológica en la anterior legislatura y los que quedan por abordar en la actual.
«Se limitarán las exenciones de dividendos/plusvalías de sociedades por su participación en otras sociedades, reduciendo en un 5% las referidas exenciones, en concepto de gastos no deducibles en el impuesto, de gestión de la participación que mantiene la matriz en la filial, como prevé y permite la directiva matriz-filial». Segundo punto en materia fiscal que afectará a las grandes empresas que repatrien dividendos procedentes del extranjero, dirigido todo ello a evitar que por estar radicadas fuera eviten pagar más impuestos en nuestro país.
«Aprobaremos el Impuesto sobre determinados servicios digitales con el fin de gravar aquellas operaciones de la economía digital que actualmente no tributan, en línea con las recomendaciones de la Unión Europea». La famosa «tasa Google». Y sigue el acuerdo: «Aprobaremos el Impuesto sobre las transacciones financieras consistente en gravar las operaciones de compra de acciones españolas ejecutadas por operadores del sector financiero». Otro gravamen para la banca.
«Se reformará el régimen jurídico y fiscal de las socimis, aplicando un tipo de gravamen del 15% sobre los beneficios no distribuidos». Aquí es donde entra el sector inmobiliario, que ha venido recuperándose en estos últimos años en términos de inversión y en el que se ha disparado de sobremanera la cantidad de vehículos de este tipo en España desde que se aprobó la última normativa. Es más, las socimis ya manejan 50.000 millones de euros en activos en nuestro país.
«Si bien estas medidas podrían ser beneficiosas para el consumo privado en el corto plazo, pueden generar vientos en contra para los márgenes corporativos en el medio plazo. Por ejemplo, por una mayor carga fiscal y costes salariales más elevados», subraya Ann-Kathrin Petersen, estratega de inversión, y Bjoern Mehrmann, gestor de Renta Variable de Allianz GI. De momento, el Ibex y la inversión están a la espera.
Sectores predilectos
Por sectores concretos, el energético estuvo entre los que más interés despertó entre los asistentes al evento; además del turístico y el de la construcción/inmobiliario, tal como destaca Benito Berceruelo, presidente del SID y consejero delegado de Estudio de Comunicación. Las más de 600 reuniones privadas que se celebraron dan buena cuenta de que España sigue siendo atractiva. «Este año España tenía un atractivo fuerte por parte de los inversores internacionales. Dentro de una economía global en desaceleración, España es uno de los países que más crece; la Bolsa española se ha comportado bastante bien, con una rentabilidad superior al 5%, lo cual es muy atractivo; y nosotros hemos notado el interés por venir a conocer el estado de las empresas españolas y sus proyectos de futuro», sostiene el organizador. Lo que no quita que «los cambios políticos puedan tener impacto a largo plazo en la inversión», según apuntan Pierre Danilowiez y Alfredo Álvarez-Pickman, gestores de Key Capital OCHO -una firma muy bien relacionada con Florentino Pérez (ACS) y Borja Prado (exEndesa)-.
La confianza, de momento, se mantiene para con España. El riesgo está contenido, pese a la inquietud generalizada y los «roadshows» que de momento se han cancelado ante la incertidumbre normativa y fiscal. Pero los expertos consultados inciden en que no hay que relajarse. «Una pérdida de confianza por parte de los inversores haría que se pudiera disparar la prima de riesgo (como ya ocurrió en Italia) e incurriéramos en un mayor gasto del servicio de la deuda, lo que complicaría aún más conseguir el objetivo de déficit público», detalla Javier Niederleytner, profesor del Máster en Bolsa y Mercados Financieros del Instituto de Estudios Bursátiles (IEB).
La semana pasada, en el marco del SID, organizaron entre 600 y 700 reuniones entre empresarios e inversores
El principal valor de España está en la comparativa respecto a otros países. Nadie duda de que el crecimiento económico aún es mayor al del conjunto de la Eurozona, pese a la desaceleración. El consenso para 2020 está entre el 1,6% y el 1,8%, tras crecer un 2% en 2019, tal como avanzó el Banco de España. En el corto plazo no hay preocupación; una recesión está lejos. La alerta está en el medio plazo, particularmente por las actuaciones que se adopten y la falta de reformas estructurales. «España es una de las economías europeas que más crece, y eso para los inversores es algo positivo. Además, hay elementos como el superávit externo, que es un dato muy importante porque indica la sostenibilidad del crecimiento. El superávit es sólido por sexto año consecutivo. El lado negativo está en el hecho de que hay desequilibrios muy pronunciados respecto a otros países: el paro y la deuda pública. Lo cierto es que a corto plazo no hay preocupación porque la financiación de la deuda se produce de manera muy cómoda. Pero el problema estaría en que hubiera un shock macroeconómico internacional o un hundimiento de la confianza interna; esto puede hacer darse cuenta a los inversores que el margen de respuesta del Gobierno es limitado», destaca Torres, de Funcas.
El objetivo del Ejecutivo para 2020 es rebajar la deuda pública a menos del 95% del PIB, y el déficit es otro de los grandes caballos de batalla de nuestro país. Continúa la reducción, pero a menor ritmo del esperado y eso podría repercutir también en las negociaciones con Bruselas. De hecho, Calviño ya está negociando con la Comisión Europea una relajación de las exigencias fiscales.
Los inversores saben que tienen en ella a la parte moderada del Gobierno, y ahora como vicepresidenta se refuerza su papel ante ministerios como los de Trabajo o Consumo, este último de nueva creación, en manos de dos comunistas como Yolanda Díaz y Alberto Garzón. Calma tensa, y confianza en que Calviño estará de su parte.
Unos riesgos siempre presentes
«El mercado reacciona con miedo ante situaciones que dificultan la visibilidad sobre la actividad y el crecimiento económico y tiende a ajustarse cuando se van resolviendo las incógnitas», recogen fuentes de Kreab. Lo cierto es que, según una encuesta de esta misma compañía, el principal riesgo para la inversión en España es, precisamente, la inestabilidad política con el 83%, seguido del 43,3% de Cataluña. Y le siguen los riesgos regulatorios, la política local, la guerra comercial…
Un cúmulo de factores que influyen en las decisiones de los empresarios. «Cualquier inversor busca seguridad y estabilidad desde el punto de vista regulatorio y es importante que el Gobierno implemente un programa que la garantice», relatan las mismas fuentes.
Pese a todo, la citada encuesta también refleja que el 85,71% de los encuestados recomendaría invertir en nuestro país, lo que no quita para que el dato sea inferior al del año anterior (93,1%). Asimismo, un 44,45% de los encuestados confía en aumentar su apuesta por España en 2020.