El informe 2019 del Programa Venezolano de Educación-Acción de Derechos Humanos (Provea) revela que, en medio del deterioro de la calidad de vida del venezolano y la extinción del Estado de Derecho, la tortura ya es práctica generalizada en cárceles y centros de detención. Víctimas de este procedimiento diario son presos civiles y militares. Se registraron 574 casos durante el año. Agrega el informe: “La tortura como castigo ‘ejemplarizante’, se ha institucionalizado y forma parte del repertorio represivo empleado por la dictadura de Maduro”. Se cita como emblemática la muerte a golpes del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, prisionero de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. El conmovedor informe se suma a la larga lista de abusos denunciados por la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU durante ese mismo año.