La doctrina clásica del derecho constitucional ha buscado sustento siempre, en la afirmación de validez universal que tienen los ciudadanos, ya sea por si sólo o con la sociedad en general, para repeler las agresiones injustas que provengan de quienes detentan el poder, y mucho más, cuando se trata del origen ilegítimo de este, como es el caso que nos ocupa, cuya ilegitimidad ha sido mil veces comprobada.