El precipitado acuerdo del Ingreso Mínimo Vital tras el sonoro pulso entre el vicepresidente Pablo Iglesias y el ministro José Luis Escrivá dejó en el aire el encaje territorial de la ayuda, y ahora, unido a las prisas por tener lista la norma a final de este mismo mes, se ha convertido en un peligroso cóctel que puede llegar a ser explosivo. El pasado martes, pocos minutos antes de las once de la noche, la jefa de gabinete del ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, envió un correo electrónico a las comunidades autónomas con rentas mínimas ya en vigor en el que les instaba a pedir permiso a los actuales beneficiarios de estas ayudas para que sus datos fueran trasladados al Gobierno central de cara a la inminente entrada de vigor del Ingreso Mínimo Vital.
La exalcaldesa de Torrelodones, Elena Biurrun, especificaba en la misiva, a la que ha tenido acceso este diario, que la solicitud debía salir de las consejerías con anterioridad al 15 de mayo, esto es, en un estrecho margen de solo dos días.
Las premura con la que se está diseñando la medida en el Ministerio que dirige Escrivá puede leerse entre líneas en el resto de la carta, en la que se solicita que se vaya remitiendo la información según vaya estando en manos de las consejerías, sin esperar a tenerla toda completa: «Una vez recabado el doble consentimiento del beneficiario, la comunidad autónoma remitiría al INSS la información de todos los beneficiarios de su renta mínima, de acuerdo con el diseño de registro del protocolo preparado por el INSS, que se adjunta a este correo. No es necesario que se acumule toda la información en un único envío, sino que se podrían hacer envíos sucesivos a medida que se vaya disponiendo de la información».
El comunicado ha generado una fuerte sorpresa entre las autonomías, que consideraban que aún quedaban muchos flecos por cerrar de las negociaciones. Hasta el momento se habían mantenido al menos dos teleconferencias sectoriales con el ministro Escrivá, una a finales de abril y otra la semana pasada, en la que las posiciones habían cambiado radicalmente, por lo que aunque el calendario entraba ya en su fase final, aún había esperanzas de conseguir cambios sustanciales en la estructura propuesta.
De hecho, inicialmente, la propuesta de Seguridad Social se basaba en que el Ingreso Mínimo Vital sería homogéneo para todo el país y se estructuraría como un complemento a las rentas mínimas ya existentes. Esta postura generó un gran revuelo entre estas últimas, que consideraban que salían mal paradas en comparación con las de aquellos territorios que no hacían ningún tipo de esfuerzo presupuestario es esta línea. En la segunda reunión, el Ministerio había dado la vuelta al planteamiento como a un calcetín y pasaba a establecerse el IMV como un suelo que las autonomías podían luego ir complementando. Esta opción establece diferencias entre los territorios pero ha sido mejor acogida entre los Gobiernos autonómicos.
De hecho, el encaje territorial del IMV era una de los grandes escollos con los que se ha topado la ayuda debido a la precipitación de su anuncio. El País Vasco es uno de los puntos calientes: cuenta con una potente y extensa renta, la RGI, que el propio Escrivá reconoció tener de modelo, y además el PNV cuenta con seis imprescindibles diputados en el Congreso de los Diputados, vitales para su aprobación. Fuentes del PNV ya admitieron que «depende de cómo se estructure la ayuda puede suponer una invasión de competencias». Fuentes cercanas al Gobierno vasco aseguran que ahora están negociando la gestión de la renta, ya que no consideran viable que sean dos administraciones las que paguen la ayuda y solicitan ser ellos los gestores de estos fondos. El otro foco de atención del Gobierno lo ha centrado Cataluña.
El malestar de las autonomías compromete los plazos de puesta en marcha de esta ayuda, que el Gobierno quiere que comience a cobrarse ya en junio. Las fuentes autonómicas consultadas ya dicen que será imposible remitir la información al Ejecutivo.
Junto a la carta, el Gobierno envía a las regiones un borrador del real decreto ley sobre el Ingreso Mínimo en el que detalla, de forma muy genérica sus características. El subsidio irá desde 461,53 euros al mes en el caso de un solo perceptor y hasta 1.015 euros si hay dos hijos. A las familias monoparentales se les garantizaría una renta de entre 700 y 977 euros, dependiendo del número de hijos.
La ayuda podrá ser compatible con otros ingresos, lo que no significa que sea acumulativa. Es decir, el Estado establecerá el importe de ese ingreso mínimo vital (variable en función de las circunstancias personales y familiares) y abonará la cantidad necesaria para alcanzarlo a quienes acrediten estar por debajo. «Cubre la diferencia existente entre la suma de los recursos económicos de cualquier naturaleza de que disponga la persona titular o los componentes de la unidad de convivencia y la renta garantizada determinada en el real decreto», dice el borrador, en el que detalla que ese subsidio se prolongará mientras persista la situación de vulnerabilidad y se cumplan los requisitos que originaron el derecho a su percepción.
Para recibirlo hay que tener entre 23 y 65 años, se requiere haber vivido al menos tres años de forma independiente, tener residencia en España, al menos de un año, y ser persona vulnerable. Esta vulnerabilidad se acreditará con los ingresos y el patrimonio de las personas que vivan en el hogar, que no se detallan en el texto. Sí dice que no se tendrán en cuenta otras ayudas de comunidades autónomas, becas de estudio o ayudas para la vivienda.
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