La crisis generada por el confinamiento obligado por el COVID-19, con sus dramáticos impactos negativos en las economías del planeta, está provocando riesgos y consecuencias que van más allá de las fronteras nacionales, generando a nivel de los países y sociedades, un sentimiento de impotencia frente unas nuevas circunstancias que tienden a fortalecer las instituciones internacionales que son expresión de la gobernanza global. Esta tendencia hacia una mayor integración política de la humanidad representa un reto para la operatividad de la democracia que, por su naturaleza, se soporta en instituciones locales y no globales. Esto es evidente cuando observamos que las normas y condicionantes de defensa frente a la pandemia sanitaria y sus consecuencias derivan de decisiones emanadas de entes externos a los países y sin la participación de las sociedades e individualidades afectadas, con lo que obviamente se están violentando la libertad y principios democráticos fundamentales.