Ante la falta de cooperación de los investigados y del propio Departamento de Justicia, la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) cerró sin presentar sanciones la pesquisa sobre la participación de múltiples exfuncionarios del gobierno como el exgobernador Ricardo Rosselló y figuras privadas como el contratista Elías Sánchez en el chat de Telegram.