Justo al año de su nombramiento por el Consejo de Derechos Humanos de la O.N.U., la Misión Internacional Independiente para la determinación de los hechos en la República Bolivariana de Venezuela relativos a las presuntas violaciones de los derechos humanos cometidos desde el año 2014 por el gobierno de Nicolás Maduro, acaba de rendir su informe y los resultados corroboran lo que ya se sabía: que no eran presuntos y que además son sistemáticos.