Un paso en la dirección correcta constituye el informe del grupo técnico independiente de la ONU, del cual se infiere la responsabilidad penal personal de los perpetradores de crímenes y torturas de lesa humanidad, indicando cadena de mando y operadores del sistema de justicia: fiscales, jueces y defensores que mantienen la impunidad. Demoledor ha sido el informe para la imagen internacional del narcorrégimen. Por eso insistimos en tener activado, desde hace rato, el artículo 187.7 de la Constitución, como parte del marco jurídico propicio para el apoyo internacional efectivo. No cabe duda de la procedencia y aplicación del Principio de Responsabilidad de Proteger. Se trata de presionar más que nunca, adentro y afuera. La dirección política opositora ha fallado reiteradamente en actuar decididamente en el momento de producirse la sincronía entre el malestar social y la acción política oportuna y efectiva. Los mercachifles de siempre siguen viviendo a costa del sufrimiento de la población; los politicastros viven de la renta de vender su dignidad al “mejor” ladrón.