Los síntomas de la muerte de nuestro país son cada vez más terminantes. El informe de coyuntura del Instituto de Estudios Económicos de la UCAB de septiembre estima una caída de la actividad económica para este año del (-) 30%. 2020 será, por tanto, el séptimo año seguido de fuerte contracción, algo nunca visto en un país que no haya estado en guerra. Con esta caída, el PIB de Venezuela se aproxima a la cuarta parte de lo que era en 2013. La destrucción de la actividad petrolera – en los últimos tres meses se produjeron menos de 400.000 barriles diarios, cuando en 2013 la cifra estaba en torno a los 2,8 millones–, junto al derrumbe de la economía doméstica y el cierre de los mercados financieros internacionales, obliga al régimen a cubrir sus gastos con emisión monetaria. Así, perpetúa las presiones inflacionarias y reduce, aún más, el poder adquisitivo de las remuneraciones. El salario mínimo se acerca, hoy, a solo dos dólares mensuales (¡!). Y, con el colapso de los servicios públicos, de la banca y de la extrema vulnerabilidad del país ante la pandemia del Covid-19, no puede prevalecer sino la miseria, el hambre y la muerte para todos aquellos que no tengan acceso a las divisas.