El mismo reducto militar-civil que ha diseñado y estructurado un programa de violaciones de los derechos humanos en Venezuela; el mismo que ha dispuesto los recursos del Estado para perseguir y torturar -incluso violar- a políticos, dirigentes sociales y periodistas, extendiendo sus prácticas perversas a los familiares de sus víctimas; el mismo que acaba de ser denunciado tras una rigurosa investigación del Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas; el mismo que, a estas horas, está recibiendo el repudio unánime de gobiernos, organismos multilaterales, organizaciones no gubernamentales y de los demócratas del mundo entero, ese gobierno que protagoniza delitos de lesa humanidad, ha convocado a unas elecciones parlamentarias, con el único objetivo de hacer trizas el único espacio institucional legítimo con que cuentan los venezolanos, la Asamblea Nacional.