La libertad decretada ayer por la juez 30 penal de control de garantías de Bogotá, para ser ejecutada de inmediato a favor del expresidente Álvaro Uribe Vélez, era lo que jurídicamente procedía, atendiendo las normas procesales de la ley bajo la cual debe surtirse el nuevo proceso, al pasar de la Corte Suprema de Justicia a la Fiscalía General.