El gobierno de España no nombrará nuevo embajador en Venezuela para relevar al diplomático Jesús Silva, sino que designará a un “encargado de negocios con cartas de gabinete” -un puesto de menor nivel- para dejar constancia de que la Unión Europea y sus Estados miembros no consideraron “justas ni transparentes” las elecciones presidenciales de 2018, en las que se basa el actual mandato de Nicolás Maduro.
Así lo indicó la secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica y el Caribe, Cristina Gallach, en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso. De hecho, detalló que es la misma vía que han usado Italia y Países Bajos, que acaban de renovar sus jefaturas de misión en Venezuela.
#ÚLTIMAHORA España reduce relaciones diplomáticas con el régimen y no enviará Embajador a Caracas por la falta de legitimidad de Maduro: “No consideramos que las elecciones presidenciales de 2018 fueran transparentes” https://t.co/OMhPvI318N pic.twitter.com/t97nTuUleb
— Monitoreamos (@monitoreamos) October 29, 2020
Fuentes diplomáticas aseguraron a Europa Press que la decisión de que el próximo representante español en Caracas sea encargado de negocios y no embajador estaba tomada desde hace varias semanas y que no tiene que ver con la huida del opositor Leopoldo López ni con la tensión que ha surgido con el gobierno de Venezuela por este motivo.
El Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación ya anunció a finales de septiembre el relevo de embajadores en varios países de Iberoamérica, entre ellos el de Venezuela. La previsión es que el enviado a Caracas sea el actual embajador en Cuba, Juan Fernández Trigo.
El gobierno también ha enviado a Bolivia al diplomático Francisco Javier Gassó como “encargado de negocios con cartas de gabinete”, en lugar de como embajador. Gallach lo justificó en que los dos gobiernos están “en proceso de normalización de las relaciones bilaterales” tras los incidentes de finales de 2019 que se saldaron con varias expulsiones de personal diplomático en ambos países.
Según ha dicho, tras unos meses autorizando gradualmente el retorno de personal, el gobierno de España quería fortalecer su presencia en Bolivia antes de las elecciones del pasado 18 de octubre, pero sin hacer una “completa normalización” que se culminará “una vez que tome posesión el nuevo gobierno”.
-vía Europa Press
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