La Junta Fiscal Europea (JFE), un organismo consultivo independiente que analiza la política económica de la Comisión y de los países miembros, publicó ayer su informe anual en el que recomienda que se reforme el Pacto de Estabilidad y Crecimiento antes de que deje de aplicarse la cláusula de escape que ha sido puesta en marcha para facilitar a los países la lucha contra la pandemia. Y entre otras recomendaciones propone que haya una mayor vigilancia para que las inversiones públicas se orienten hacia el crecimiento y no solamente al puro gasto corriente y que se establezca una senda «realista» para los países que han superado el 100 % del PIB
en la deuda pública alargando el periodo en el que se mantendrá una supervisión estricta sobre el gasto público.
Los expertos del JFE se quejan también de que durante los años en los que la economía ha funcionado bien ha habido países, entre ellos España, que renunciaron a crear «amortiguadores fiscales» lo que «ha afectado a su capacidad para absorver el impacto económico de la pandemia».
El año 2019 marcó la primera vez en casi dos décadas «sin ningún Estado miembro de la UE sujeto al procedimiento de déficit excesivo. Sin embargo, el déficit público agregado en la UE aumentó ligeramente por primera vez desde 2011, debido a los deslizamientos recurrentes del gasto corriente». En este sentido, recomienda una vigilancia reforzada de la Comisión para asegurarse de que ese gasto se realiza en inversiones que fomentan el crecimiento.
El Pacto de estabilidad establece que los países del euro deberán mantener el déficit a menos del 3% y la deuda por debajo del 60%. Aunque el año 2019 fodo parecía ir de la mejor de las maneras en estos términos hasta que «la devastación económica y social dejada por la pandemia de Covid-19 -dice el informe- justificó plenamente la activación de la cláusula de escape general para permitir a los gobiernos responder a la crisis como mejor les pareciera. Sin embargo, las condiciones para desactivar la cláusula deberían revisarse cuanto antes». Pero «dado que muchos países saldrán de esta crisis con niveles de deuda históricamente elevados, es urgente preservar un objetivo creíble a medio plazo para las políticas fiscales y, por tanto, reactivar y preferiblemente concluir la reforma del Pacto de Estabilidad antes de la desactivación de la cláusula de escape».
En este sentido, la JFE propone «centrarse en los objetivos de reducción de deuda específicos para cada país a través de una regla de gasto como objetivo».
En forma resumida, la JFE propone tres medidas concretas. La primera es la creación de una capacidad fiscal permanente en manos de la Comisión, es decir, la puesta en marcha de un presupuesto europeo con fuentes propias de financiación, algo en lo que teóricamente todo el mundo está de acuerdo, pero hasta ahora nadie ha sabido convertir en realidad. Las otras medidas serían el establecimiento de «incentivos genuinos» para que el gasto público se dirija preferentemente a las inversiones generadoras de competitividad y una reforma del Pacto de Estabilidad con una regla específica para capa país dedicada a la reducción de la deuda.