La Ley Antibloqueo que promueve la administración de Nicolás Maduro ha generado divergencias debido a que este instrumento pudiera ser utilizado para profundizar políticas autoritarias.
Un trabajo realizado por DW español explica cómo el instrumento devela entre líneas cómo el Ejecutivo regirá la economía venezolana de cara a más sanciones internacionales y una interminable crisis económica donde Venezuela cumple 7 años en recesión y 5 años con la hiperinflación más alta del mundo.
Tras consultar con analistas, ellos, opinan que resulta contradictorio que Nicolás Maduro entregara el texto de la ley para que sea aprobado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), cuando hace apenas un mes anunció que este órgano, creado por él mismo, cesaría operaciones en diciembre 2020, cuando una nueva Asamblea Nacional (AN) sería electa el próximo 6 de diciembre.
El abogado constitucionalista Juan Manuel Rafalli dijo en entrevista con DW que considera que aprobar esa ley sería inconstitucional ya que “independientemente de su ilegitimidad, en la forma en que fue convocada y designada, la Asamblea Constituyente en Venezuela tiene como mandato redactar una nueva Constitución y no sustituir a ningún poder constituido, como es el caso de AN, que ha sido maniatada por decisiones judiciales impresentables. Eso es una usurpación de las funciones de la AN“.
Para Rafalli “la Ley Antibloqueo es una ley que, curiosamente, se presenta en medio de una serie de dudas del fraude electoral que se ha convocado para el 6 de diciembre, es decir, después que la Unión Europea (UE) dijera que no había condiciones, se retiraron los candidatos de Capriles, de la Fuerza del Cambio y, además de eso, hay una especie de corriente muy clara, en el sentido de que ese evento electoral sería un fraude”.
Todo indica que proyecto de Ley Antibloqueo profundizará hacia afuera la noción de un creciente autoritarismo en Venezuela, ya que otorga poderes excepcionales a Nicolás Maduro.
Sin embargo tampoco sería un cambio drástico a los poderes ejecutivos que ejerce actualmente el mandatario venezolano, pues desde 2015 se han aprobado 27 decretos de Estado de Excepción y Emergencia Económica que otorgan al presidente funciones similares a la del nuevo proyecto de ley.
¿Verdaderos cambios?
La Ley Antibloqueo sataniza a las sanciones de EE. UU. como la causa de los problemas de la economía venezolana.
En ese sentido, el economista Ronald Balza explicó a DW que la nueva ley “permite hacer énfasis en el enemigo exterior más que en el interior”. Esto supone que más que medidas económicas son estrategias políticas, ya que “pretende vincular las disposiciones de la ley con la legislación internacional, lo que puede obligar a organismos multilaterales mencionados a sentar posición sobre sanciones unilaterales impuestas por otros gobiernos” dijo Balza.
Un aspecto que ha llamado la atención de algunos analistas es que la ley otorgaría Nicolás Maduro el poder para modificar o administrar el funcionamiento de las empresas públicas y mixtas, y cómo dicha ley se relaciona con las empresas privadas para reactivar las que están paradas. Para Balza es una novedad que se establezca un “posible reconocimiento de propiedad a dueños que fueron limitados en su ejercicio, aunque la aprobación del plan para poner empresas a funcionar sigue dando al gobierno la última palabra”.
Fuente: DW Español
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