Venezuela se encuentra devastada, incapaz de proveer condiciones de vida mínimamente satisfactorias y dignas a la inmensa mayoría de su población. Su economía ha sido destruida, su industria petrolera desvalijada y los servicios públicos despojados de los recursos para su mantenimiento. Los venezolanos pasan días enteros –sino semanas—sin agua, con cortes recurrentes de luz y ausencia de gas, con pérdidas cuantiosas para el presupuesto familiar. Estas calamidades se acrecientan por la falta de gasolina, el colapso del transporte, ingresos miserables y la terrible inseguridad personal. Y ahora, con el informe de la Comisión de Verificación de Hechos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU se confirma la perpetración de prácticas consideradas crímenes de lesa humanidad contra la población por parte de Maduro y su combo. Denuncias similares se venían haciendo desde hace tiempo por Foro Penal y otras ONG, y por la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michele Bachelet.