Durante el ejercicio pleno de las funciones de la actual y legitima Asamblea Nacional de Venezuela se han desarrollado trabajos de investigación y contraloría, tareas establecidas y atribuidas por la Constitución venezolana. Varios de estos trabajos han servido de elementos probatorios respecto a los manejos de corrupción, negocios ilícitos por parte del régimen liderado actualmente por Nicolás Maduro y que, a su vez, esta dictadura ha secuestrado la estructura institucional que compone al Estado venezolano a fin de tenerlo a su disposición utilizándola para la manipulación y sometimiento del pueblo venezolano a fin de lograr su objetivo: usurpar permanentemente el poder. Esta situación ha llevado a que haya una ruptura del orden constitucional provocando la desestabilización de la nación puesto que la tergiversación de la institucional gubernamental implica la ingobernabilidad del estado y la ausencia de garantía del respeto y cumplimiento de los derechos fundamentales y constitucionales que todo ciudadano venezolano debe gozar.