La muerte del estado de derecho en Venezuela hace que los delitos de los jefes de la usurpación se cometan de forma impúdica y con absoluta impunidad. Los órganos del poder público a quienes compete velar por el estricto cumplimiento del orden constitucional y legal, o son cooperadores o son cómplices, en la comisión de un conjunto de graves delitos contra la sociedad y contra el patrimonio del estado.