Esta vez las decisiones de los magistrados al Tribunal Supremo Electoral (TSE) sobrepasaron las normativas constitucionales y se extralimitaron al prohibir a los partidos políticos realizar sus asambleas que por ley corresponden, subordinándose así a las decisiones de figuras corruptas que no quieren democratizar las organizaciones políticas.
Esto ha sucedido con la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) cuyo actuales dirigentes mantienen una pugna con Sandra Torres quien a pesar de sus procesos judiciales y prohibiciones legales, insiste en mantener el control de esa agrupación con artimañas dictatoriales. Estas asambleas de la UNE marcan el inicio de un proceso de democratización partidaria y el final de una dictadura corrupta y perversa. Eso si así lo plantean sus liderazgos.
La dirigencia de la UNE se vio de nuevo traicionada por Torres cuando junto a un grupo de diputados disidentes diseñó un plan para que el diputado oficialista Allan Rodríguez fuera de nuevo electo presidente del Congreso. La ruptura ha sido inevitable y el sector traicionado de esa agrupación decidió iniciar el camino para un proceso de fortalecimiento partidario. Pero Torres no parpadea y ahora usó sus artimañas y cercana relación con los magistrados del TSE.
Para evitar estas asambleas en particular, pero también las de la mayoría de partidos políticos, el TSE emitió el Acuerdo 360-2020 en donde ordena a sus delegaciones y subdelegaciones que cumplan con no permitir las asambleas municipales que por ley y por derecho corresponden a los partidos políticos. De manera unilateral e ilegal suspendió los derechos políticos y limitó el derecho de asociación.
Fue la propia ministra de Salud, María Amelia Flores, quien a través de un oficio le aclaró al TSE que una vez se utilicen los protocolos de bioseguridad, se pueden realizar las actividades en donde participe un número de personas que no generen un riesgo alto de contagio del virus COVID-19 para lo cual recomienda cumplir con las normas y las regulaciones emitidas por el ministerio que dirige.
Los magistrados deben de recordar que sus actuaciones deben de estar apegadas a derecho y que pueden actuar y decidir bajo el amparo de la ley y no al margen de ella. Entre tanto, los partidos políticos deben de diseñar planes de contingencia, de seguridad y protocolos, según lo recomendado por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.
La pandemia nos ha obligado a actuar con precaución, a movilizarnos menos, a procurar no asistir a lugares donde hay aglomeraciones, pero también debemos de recordar que ello no debe limitar nuestros derechos como ciudadanos.
Lo recién ocurrido es una alerta para la ciudadanía porque si el TSE es capaz de provocar estas atrocidades ilegales, en el futuro, podría seguir promoviendo acciones que beneficien a los intereses más oscuros y perversos.