El acceso a la justicia es clave en la administración de justicia, porque garantiza que quien clama justicia sea atendido y complacido, que los conflictos sean dirimidos pacíficamente y que las decisiones finales sean lícitas y eficaces. Por supuesto, todas las disputas (leves, graves o gravísimas) ameritan resolverse, porque todas tienen el ingrediente de la discordia y la ira reprimida. Obviar la resolución de un conflicto puede agravarlo, multiplicarlo o alentar la frustración, así como la venganza irracional. En Guatemala, la falta de acceso a la justicia ha sido el tradicional Talón de Aquiles del Estado de Derecho, cuya columna vertebral es el sistema de justicia. Esto ha impedido que los conflictos se resuelvan por la vía pacífica y se ha dado lugar a la ira, a la confrontación y al linchamiento.
La falta de acceso a la justicia es consecuencia directa e inmediata de la ausencia de cobertura por parte de las instituciones del sector justicia (Organismo Judicial, Ministerio Público, Instituto de la Defensa Pública Penal, Instituto Nacional de Ciencias Forenses, Policía Nacional Civil y Sistema Penitenciario). El Organismo Judicial es el que mejor cobertura tiene, ya que posee juzgados de Paz en los 340 municipios del país, aunque en cuestión de juzgados de Primera Instancia está muy limitado, al extremo que ha venido creado los denominados juzgados pluripersonales, que no son una respuesta adecuada a la demanda de justicia, porque fomentan la congestión, la duplicación de funciones y la confusión. Por el contrario, creemos que la estrategia debería fundarse en la creación de más juzgados de Primera Instancia unipersonales con organizaciones independientes y autónomas, que atiendan los asuntos con celeridad y eficacia.
Debemos reconocer, con beneplácito, que la ampliación de la cobertura del Ministerio Público (MP), que tiene a su cargo la investigación de los hechos punibles y la persecución penal, que ha impulsado la actual fiscal general de la República, Consuelo Porras, ha sido satisfactoria y altamente beneficiosa. Casualmente, el viernes pasado, se inauguraron 90 fiscalías municipales del MP, llegando a 273 fiscalías, que equivale a un 50 por ciento más de la capacidad instalada anterior. Esto supone que la cobertura del MP ha llegado al 80 por ciento de los municipios del país; hace pocos años la cobertura del MP era tan solo del 30 por ciento.
Por supuesto, el aumento de la cobertura del MP pone una presión enorme sobre las otras instituciones del sector justicia, porque debe haber suficientes tribunales, defensorías, investigadores y expertos en prueba científica, que respondan a la demanda creciente de esfuerzos y resultados por parte de los fiscales del MP no solo en la solución de los casos paradigmáticos, sino en la resolución de todos los conflictos que exigen la aplicación de la ley penal. De esa cuenta, las otras instituciones del sector justicia deben prepararse para estar a tono con el MP, para no ser desbordadas por el trabajo incremental que generará el MP en sus respectivos campos de acción.
Claro que Guatemala sigue teniendo problemas serios en materia de falta de acceso a la justicia y de denegación de justicia, pero con la actitud constructiva y el liderazgo del MP no dudamos que la justicia oficial avanzará rápidamente hacia una administración de justicia pronta y cumplida, así como en la reducción de la tasa de impunidad, que sigue estando por encima del 90 por ciento.
La Fiscal General de la República, con motivo de la inauguración de las susodichas 90 fiscalías expresó que el objetivo del MP para el 2021 sería tener presencia institucional en los 340 municipios. “Con ello garantizamos que toda la ciudadanía guatemalteca tenga acceso al sistema de justicia”, afirmó la fiscal Porras. Por supuesto, le tomamos la palabra señora Fiscal General de la República.