El crimen organizado, la conectividad vial, la regulación de conflictos internos, la gobernanza de accionistas, la suscripción de Internet móvil de alta velocidad y la respuesta del gobierno a cambios, son algunas desventajas competitivas que sigue presentando el país.
La Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) compartió detalles de la edición especial del ‘Informe de Competitividad Global 2020’, publicado por el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés).
Entre las ventajas están el Gap Crediticio (relación entre el crédito y el PIB), la inflación –a noviembre se superó la meta establecida por la Junta Monetaria–, la movilidad laboral interna, la solvencia bancaria, las actitudes hacia el riesgo de emprender, entre otros.
Debido a la pandemia de COVID-19, para esta edición no existe una clasificación de los países y no se tomaron en cuenta ranquins para la evaluación, pero se describen las prioridades para la recuperación y se evalúan las características que ayudaron a los países a ser más eficaces en la gestión de la crisis sanitaria.
Además hace un análisis de los países mejor preparados para una transformación económica, hacia sistemas que combinen objetivos de productividad, personas y el planeta.
Con el informe del WEF, “Fundesa ha generado recomendaciones puntuales a las autoridades para generar políticas públicas que ayuden a mejorar la productividad, el nivel de vida de las personas y la sostenibilidad de los recursos naturales a largo plazo”, dijo Juan Carlos Paiz, presidente de la entidad.
Agenda legislativa
Según Fundesa, para mejorar la competitividad del país se necesita reformar la Ley Electoral y de Partidos Políticos y la Ley de Servicio Civil, y aprobar las iniciativas pendientes en temas como la infraestructura vial, antitrámites, insolvencias y la reglamentación del Convenio 175 de la Organización Internacional del Trabajo.
El director ejecutivo de Fundesa, Juan Carlos Zapata, agregó que las prioridades para Guatemala siguen siendo muy similares que en años anteriores. “El país debe hacer un mayor esfuerzo para generar mejores condiciones para invertir en infraestructura, capital humano, seguridad y políticas públicas que permitan mayor flexibilidad laboral”, dijo.
Ronald Arce, investigador del Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible (Clads) del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE), al referirse al informe expresó que a los contagios del COVID-19 se sumó la ola del cambio climático, ambas acentuaron las brechas económicas que ya existían en la región.
“El primer paso es reactivar las economías, pero es necesario buscar la transformación”. Ronald Arce, investigador INCAE.