Esta semana se estrenó el documental El arte del asesinato político, basado en el libro del mismo nombre del escritor guatemalteco-estadounidense Francisco Goldman, que detalla la investigación relacionada con el homicidio del 26 de abril de 1998, de Monseñor Juan Gerardi Conedera, dos días después de la presentación del Informe Recuperación de la Memoria Histórica: Guatemala Nunca Más, dirigido por la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado.
Por una parte, el documental resume elementos del libro para presentar el crimen a una audiencia estadounidense, pero también a una generación nueva de guatemaltecos, un delito de hace 22 años que marcó el escenario de la posguerra guatemalteca. Y aunque queda corto explicando los pormenores, obstáculos y poderes involucrados en el caso, en un país con una política estatal que le apuesta e inculca el olvido, todos los medios de difusión históricos deben aprovecharse. Por otra parte, para quienes sí tienen memoria del crimen, el documental es una muestra dolorosa del largo legado de impunidad y del poder que siguen teniendo las elites y los militares.
Y, aunque el documental no lo abordara explícitamente, los mismos asesinos del pasado, que ordenaron, financiaron y llevaron a cabo operaciones militares que mataron a cientos de miles de personas, incluido el asesinato de Monseñor Gerardi, son los mismos que hoy siguen gobernando, directamente o a través de su descendencia. Por eso, si una lección debe quedar del trabajo es que, para lograr cualquier cambio estructural en Guatemala, ya sea refundarlo o construir un Estado plurinacional, es necesario transformar el poder de la elite económica y abolir el Ejército. Dos cambios que no parecen factibles dado el poder que ambos grupos han acumulado por siglos, pero sin los cuales no se puede pensar en un país distinto. Cualquier proyecto político y de gobierno que no tenga como agenda estos cambios será solamente un paliativo en este decrépito intento de “democracia”.
El asesinato de Monseñor Gerardi ya en “tiempos de Paz”, como el de Myrna Mack en 1990 durante la “transición democrática”, marcaron el escenario de posguerra actual en el que Guatemala vive y fueron las advertencias que el Ejército envió, en contubernio con la clase política que gobernaba, sobre la narrativa histórica que estaban dispuestos a permitir en el país. Por eso, denunciar y exponer la muerte, despojo y destrucción de las comunidades indígenas continúa siendo una condena a muerte.
Este documental debe mostrarse en barrios, escuelas y universidades y debe inspirar a jóvenes dentro y fuera del país a interesarse en la historia reciente de Centroamérica, porque ante la amnesia del Estado toca seguir luchando por la justicia y contra el olvido.